En el marco de la Operación Pantera 7, las autoridades documentaron que los integrantes de la red criminal tomaron medidas extremas para encubrir sus actividades ilícitas. Entre estas acciones se encuentra la destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad que comprometían su responsabilidad penal y la intimidación directa a testigos que tenían conocimiento de sus operaciones.
Estas amenazas e intimidaciones buscaban evitar que información relevante llegara a las autoridades, dificultando las investigaciones en curso. Paralelamente, la red implementó maniobras de fraude contable para ocultar el origen de los recursos obtenidos a través del lavado de activos, dificultando aún más la trazabilidad del dinero.
A pesar de estas acciones, las autoridades lograron recolectar pruebas contundentes que conectan a los líderes de la organización con el tráfico de más de 9.8 toneladas de cocaína y una estructura compleja diseñada para operar a nivel internacional.
