La Unión Europea (UE) renovó este lunes hasta el 13 de enero de 2026 las sanciones contra la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, y cuatro otros altos funcionarios “por acciones que socavan la democracia” en ese país.
Porras y los otro cuatro funcionarios, todos ligados al sistema judicial, habían sido sancionados por la UE en enero de este año, y tienen vetado el ingreso al espacio de la UE.
Además, eventuales activos que posean en territorio europeo serán congelados.
En una nota, el Consejo de la UE recordó que “la UE ha expresado repetidamente su preocupación por el continuado mal uso y la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala”.
En particular, recordó “los esfuerzos en curso para anular los resultados de las elecciones de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno democráticamente elegido”.
“La UE permanece atenta a cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho” en Guatemala, anunció el bloque este lunes.
La UE, agregó la nota, “está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en cuestiones clave de interés mutuo”.
En noviembre, la Fiscalía guatemalteca acusó a Arévalo de vulnerar su autonomía al pedir a la policía no ejecutar órdenes de esa institución, en un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Arévalo había asegurado que no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes “ilegales” de un Ministerio Público “criminalizador y arbitrario”, pero no precisó el procedimiento por el cual sería evaluada la legalidad de las resoluciones.
Además de Porras fueron sancionados tres funcionarios de la Fiscalía: el Secretario General de la institución, Ángel Pineda; el investigador Rafael Curruchiche y la fiscal Leonor Morales.
También fue incluido en la lista de sancionados el juez Fredy Orellana.
Los cinco “son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, indicó el Consejo Europeo al anunciar las sanciones.
El Departamento estadounidense de Estado ya sancionó a Porras en mayo de 2022 por “participación en importantes hechos de corrupción”.
Según el Departamento de Estado, Porras repetidamente obstaculizó investigaciones anticorrupción “para proteger a sus aliados políticos y obtener favores”.
