Al cumplirse 365 días de la medida cautelar atípica de urgencia solicitada por las víctimas, querellantes y actores civiles de las Barcazas de Karpowership ubicadas en la zona de amortiguamiento del área protegida “Reserva de Vida Silvestre Manglares del Puerto Viejo, Azua, a pesar de la urgencia y el clamor de las víctimas desesperadas, no han tenido respuesta a la violación de sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano conforme lo establece la Constitución y las leyes.
El coordinador del equipo de abogados Euren Cuevas Medina dijo que, la medida cautelar atípica de urgencia en lo penal tiene su fundamento legal en en los principios de prevención y precaución estipulados en el artículo 8 de la Ley No. 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales y en los hechos ocurridos en un período de menos de 6 meses que agravan la situación de contaminación del área protegida y el aire absorbido por las víctimas, como la mortandad masiva de peces en el mes de junio 2023, derrame de combustible que tiñeron la playa de Los Negros de negro en septiembre 2023 e incendio de las generadoras flotantes que produjo derrame de las barcazas de Karpowership en Los Negros, Azua a finales de octubre de 2023.
El jurista ambiental Cuevas Medina, se queja de la negligencia del Ministerio Público, por la cantidad de solicitudes que le han realizado y visitas frecuentes para que actúen conforme a la urgencia que amerita la situación prevista en la ley y en los hechos narrados, dice que después de la primera querella depositada el 28 de noviembre de 2023, se depositó una solicitud de resolución de admisión de querella en fecha 03/12/2023, solicitud de designación de sala y depósito de nuevas pruebas 18/12/2023.
Continúa diciendo el jurísta “depositamos un nuevo grupo de querellantes en febrero de 2024, reiterando la solicitud de apoderamiento a la Suprema Corte para conocer de la medida cautelar atípica 01/04/2024, una proposición de diligencias procesales en fecha 06/05/2024, reiteración de proposición de diligencias procesales en 31/07/2024, solicitud de copia integra del expediente en fecha 17/092024 y por último solicitud de acto conclusivo de fecha 16/10/2024, a pesar de todas estas diligencias, no se ha conocido, ni siguiera la solicitud de medida cautelar, que debió realizarse en los primeros 30 días como mucho.
Las víctimas querellantes y actores civiles, acompañados del sector social, ambiental y climático van a reclamar justicia para los directamente afectados, ante la Procuraduría General de la República, para que el Procurador encargado del caso señor Fernando Quezada le de curso al caso a la mayor brevedad o que la Procuradora General de la República Mirian Germán, asuma la responsabilidad de conducir este expediente, que es una vergüenza, que a la fecha no haya ninguna decisión de la Procuraduría, siendo esto un hecho notorio, un delito flagrante, un crimen consumado que se castiga hasta con 10 años de prisión conforme a la Ley de pesca y 20 mil salarios mínimos conforme a la ley ambiental y el ministerio público lo mantiene impune.
Las organizaciones sociales, climáticas y ambientales exigen justicia para las víctimas y cero impunidad de cuello blanco ambiental.
