Recientemente ha surgido una controversia en torno a una nueva práctica que será implementada en los aeropuertos del país, donde se exigirá a los ciudadanos dominicanos presentar tanto su cédula de identidad como su pasaporte para poder salir del país. Esta medida, tomada por las autoridades migratorias, ha generado un intenso debate sobre su legalidad y la responsabilidad del Estado frente a los posibles perjuicios que podría ocasionar a los ciudadanos.
Según expertos en derechos y abogados consultados, la ley vigente no contempla la obligatoriedad de portar la cédula de identidad para salir del país, especialmente si el ciudadano ya presenta su pasaporte válido y cumple con los requisitos migratorios. La Ley de Régimen Electoral establece que la cédula es un documento voluntario, salvo para ejercer el derecho al voto, y no puede ser exigido por las autoridades para otros fines, como el control migratorio.
Sin embargo, la Dirección General de Migración ha comenzado a aplicar esta medida administrativa sin una legislación formal que la respalde, lo que ha causado desconcierto entre los ciudadanos. En casos en los que se niega el acceso a la zona de abordaje por no presentar la cédula, algunos se preguntan si esto constituye una infracción legal. Aunque no es un delito, según expertos, la negativa a permitir el paso podría generar daños materiales a los afectados, como la pérdida de boletos de avión y reservas de hotel.
El tema de la cédula y su exigencia en el control migratorio también ha sido fuente de debate en redes sociales, donde algunos ciudadanos defienden la medida argumentando que es una medida de seguridad, mientras que otros consideran que es una sobrecarga innecesaria que no respeta la legalidad vigente.
En cuanto a la responsabilidad del Estado, los especialistas señalan que, aunque no sea probable que los afectados demanden al Estado por la pérdida económica ocasionada por esta medida, el gobierno debe asumir responsabilidades por aplicar políticas fuera del marco legal. En este sentido, sugieren que los ciudadanos afectados podrían recurrir al Defensor del Pueblo, un órgano constitucional con autonomía para defender los derechos de los ciudadanos, e incluso presentar un recurso administrativo ante la Dirección General de Migración o ante el Ministerio de Interior y Policía.
La falta de claridad y la aplicación de normativas fuera del marco legal plantea un desafío a la credibilidad de las autoridades migratorias y al mismo tiempo resalta la necesidad de una revisión profunda de las políticas públicas relacionadas con el control migratorio, con el fin de evitar perjuicios injustificados a los ciudadanos y garantizar la transparencia en la aplicación de la ley.
A medida que el debate se intensifica, se espera que las autoridades aclaren su postura y ofrezcan una solución más acorde con la normativa vigente, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro.
