En medio de un debate público reavivado por una investigación del periódico Diario Libre, el líder político Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, emitió contundentes declaraciones respecto a las exoneraciones de vehículos que disfrutan los legisladores dominicanos, calificándolas como “una forma de corrupción legalizada”. Según Moreno, la eliminación de este privilegio depende de la voluntad política de los propios senadores y diputados, quienes deberían legislar para renunciar a este beneficio.
La investigación, realizada por la periodista Mariela Mejía, reveló que entre 2010 y 2024, los legisladores importaron 1,647 vehículos bajo este régimen, lo que provocó que el Estado dejara de percibir más de 4,879 millones de pesos. Lo alarmante, según el informe, es que gran parte de estos vehículos son de lujo y deportivos, los cuales, en muchos casos, terminan siendo vendidos de manera ilegal, violando las disposiciones establecidas.
Moreno destacó que las exoneraciones legislativas nacieron en 1966 con una ley que limitaba el valor del vehículo a 3,000 dólares, pero en 1996 se aprobó una nueva normativa que permite importar dos vehículos sin límite de precio. Esto, combinado con un sistema tributario que impone un 20% de impuestos y un 18% de ITBIS a los vehículos importados por ciudadanos comunes, hace que el privilegio de los legisladores sea aún más cuestionable.
En su declaración, Moreno subrayó que los legisladores de Alianza País no aceptan este privilegio, destacando los ejemplos de Fidelio Despradel (2016-2020) y Pedro Martínez (2020-2028), quienes rechazaron las exoneraciones. Además, instó al Ministerio Público a investigar las ventas fraudulentas de estos vehículos, señalando que constituyen un mecanismo de enriquecimiento ilícito.
El líder de Alianza País también hizo un llamado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que ostenta mayoría en el Congreso, para que lidere el proceso de abolición de este privilegio. “Es una oportunidad única para adecentar y moralizar la labor legislativa”, afirmó.
Moreno reconoció que la eliminación de las exoneraciones enfrenta un desafío significativo: depende de que los mismos legisladores legislen para renunciar a un beneficio que disfrutan. “Es posible que algunos piensen que estoy delirando, porque, como dicen en nuestros campos, ‘la ullama no pare calabaza’”, dijo Moreno con tono crítico.
La controversia sobre las exoneraciones sigue generando reacciones en distintos sectores de la sociedad, mientras crece la expectativa de que el Congreso aborde esta problemática como parte de una agenda de transparencia y ética en el manejo de los recursos públicos.
