El Tribunal dictó medidas de coerción contra los presuntos integrantes de la red criminal “Operación Pandora”, un grupo compuesto por miembros activos de la Policía Nacional, acusado de vender municiones de manera ilícita. La jueza a cargo impuso prisión preventiva a siete de los diez imputados, mientras que a uno de ellos se le otorgó arresto domiciliario, como había solicitado el Ministerio Público.
En cuanto a los otros dos implicados, se les ordenó el pago de una garantía económica: tres millones de pesos para Víctor Santos y dos millones de pesos para Ángel Gómez. Además, se les impuso impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. Según el procurador adjunto Wilson Camacho, esta decisión refleja una valoración adecuada de la gravedad de los hechos por parte del tribunal.
Wilson Camacho también destacó que el caso fue declarado como complejo, lo que permitirá al Ministerio Público profundizar en la investigación sobre las operaciones de esta red criminal. Según sus declaraciones, los acusados, al estar vinculados a la Policía Nacional, traicionaron su uniforme, a la institución y al país, al cometer los actos de los que se les acusa.
Los imputados enfrentan cargos relacionados con la comercialización ilegal de municiones y su participación activa en una organización que operaba desde dentro de la institución policial, comprometiendo la seguridad pública y violando las leyes nacionales.
