El abogado Francisco Álvarez Martínez, especialista en derecho penal, generó debate en la comunidad jurídica y periodística tras sus declaraciones en la red social X sobre la reciente Política Institucional de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial. Según Álvarez, el documento preocupa a ciertos sectores, especialmente en torno a su posible impacto en la libertad de prensa.
En su análisis, Álvarez destaca que la política está fundamentada en una sólida base legal, citando la Constitución Dominicana, la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento (Ley 6132), la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 172-13) y la reciente Ley 2-23, que introduce límites al tratamiento y divulgación de datos sensibles en el ámbito judicial.
“Esta política regula específicamente los bancos públicos de sentencias, protegiendo la intimidad de los involucrados, pero no restringe el acceso a expedientes judiciales o audiencias, salvo en casos especiales definidos por las normas procesales”, explicó.
Álvarez concluyó que, lejos de ser una amenaza, la iniciativa podría fortalecer el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la privacidad. Sin embargo, llamó a la sociedad a discutir y comprender los cambios que trae consigo la Ley 2-23, los cuales transforman el sistema judicial en materia de protección de datos.
