Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani llegan a la sala de audiencias para conocer apelación

Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani llegan a la sala de audiencias para conocer apelación

Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conocen este lunes recurso de apelación presentado por el ex director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán “Jochi Gómez”, propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

Los imputados solicitan una medida menos gravosa, ya que alegan que tienen presupuestos y arraigos sociales y económicos para llevar el caso en libertad.

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Se recuerda que la a jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción, dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo para Hugo Beras, Jochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez, por presuntamente firmar un contrato irregular entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam.

Se impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, y una garantía económica de dos millones de pesos a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras de la institución reguladora del tránsito.

En tanto que Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero se les impuso una garantía económica y el impedimento de salida del país.

Según el expediente acusatorio todos los acusados habrían cometido irregularidades por un monto de 1,317 millones de pesos.

El Ministerio Público señala a Hugo Beras, exdirector del Intrant, como el responsable de dirigir y autorizar la adjudicación fraudulenta a una empresa que no contaba con las capacidades técnicas requeridas en el proceso de licitación, mediante el cual se contrató a Transcore Latam.

Los involucrados son investigados por desfalco al Estado, estafa, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnología avanzada para sus actos ilícitos.