La lectura íntegra de la decisión fue programada para el próximo 3 de diciembre a las 2:0 de la tarde.
Santo Domingo, RD. – La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, emitió auto de apertura a juicio para todos los imputados en una red criminal acusada de borrar y alterar antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República a cambio de sobornos.
La decisión se fundamenta en el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público, encabezado por los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. Asimismo, el tribunal admitió las pruebas ofertadas y la calificación jurídica.
Según la jueza Rivas, “la narrativa del Ministerio Público permite identificar las imputaciones contra una estructura criminal que habría manipulado datos en la Procuraduría General de la República, desde las diferentes posiciones que ocupaban dentro de la entidad”.
Asimismo, la jueza mantuvo las medidas de coerción vigentes para todos los acusados, salvo Antony Vicente Ferrer Monegro y Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, quienes recibieron variaciones de sus medidas cautelares. Ferrer Monegro deberá presentarse periódicamente y tiene prohibida la salida del país, mientras que a Medina Trinidad se le impuso una garantía económica de RD$500,000, presentación periódica y restricción de salida.
Los imputados incluyen a Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Monbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona, José Ramón Quezada Carmona, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez, Luis Peña Cedeño, y la empresa Nexcom Technology, presuntamente utilizada para lavado de activos, según el Ministerio Público.
Como resultado de la “Operación Gavilán”, el Ministerio Público desmanteló esta red criminal, la cual habría eliminado cerca de 17,000 registros de antecedentes penales, beneficiando a individuos involucrados en crímenes graves como sicariato, narcotráfico, violaciones sexuales, violencia de género, adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros. La acusación detallada que se habrían eliminado antecedentes de personas condenadas hasta con 30 años de prisión.
El Ministerio Público también sostiene que los acusados, además de adulterar registros, involucraron a familiares y amigos para facilitar operaciones financieras, utilizando los fondos ilícitos para adquirir bienes y servicios.
La lectura íntegra de la decisión fue programada para el próximo 3 de diciembre a las 2:0 de la tarde.
