Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta, explicó las recientes iniciativas legislativas para resolver el vacío legal en la elección del alcalde suplente en La Vega, una situación sin precedentes en el marco de la Constitución de 2010.
Peralta explicó que el problema jurídico surge porque la Constitución dominicana, hasta 2002, establecía un procedimiento claro para la elección de un suplente en caso de ausencia de un alcalde. Sin embargo, la reforma de 2010 eliminó ese procedimiento, lo que ha dejado sin marco específico al caso de La Vega. La Ley 176-07, vigente y relativa a la organización de los municipios, establece que, ante la falta de un alcalde, el Presidente de la República puede designar un sustituto, pero la normativa no detalla el procedimiento, generando incertidumbre en cuanto a la aplicación de esta ley.
El Dr. Peralta recordó que en 2022, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) propuso una terna para que el Presidente emitiera un decreto designando un nuevo alcalde en La Vega. Sin embargo, el presidente Luis Abinader se negó a firmar el decreto, citando la falta de claridad legal en el proceso y sugirió que el tema debía resolverse mediante una ley específica.
Actualmente, existen dos proyectos de ley en el Congreso Nacional, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, que buscan llenar el vacío legal. La diputada del PRM e hija del destacado municipalista Víctor de Aza, introdujo el proyecto en la Cámara Baja. Ambos proyectos plantean que, en caso de ausencia del alcalde o vicealcalde, el partido político que postuló al alcalde electo presente una terna al consejo de regidores, y que el consejo elija a uno de los candidatos de esa terna para ocupar el cargo.
“De esta manera, se evita la intervención directa del Poder Ejecutivo, dándole al consejo de regidores la facultad de decidir en representación del municipio”, explicó Peralta.
Este procedimiento sería similar al utilizado para llenar vacantes en el Congreso, donde el partido presenta candidatos al cuerpo legislativo, en este caso, al consejo de regidores.
Aunque la nueva normativa busca resolver el vacío legal en casos futuros, el Dr. Peralta advirtió que podría abrirse un debate teórico sobre si la ley puede aplicarse de manera retroactiva para el caso actual de La Vega. Algunos abogados sostienen que la ley no es retroactiva, lo que significaría que, aunque se apruebe la normativa, sería necesario convocar a elecciones en La Vega para cumplir con el marco constitucional.
“Si la ley se aprueba, quedará por ver si es aplicable de inmediato al caso de La Vega o si se requiere una solución alternativa”, dijo Peralta.
El consultor jurídico prefirió no emitir una opinión definitiva sobre la retroactividad, subrayando la necesidad de esperar a que el proyecto sea promulgado para evaluar su aplicación práctica.
El desenlace de este debate jurídico dependerá de la aprobación y promulgación de la ley y de si el Congreso y el Poder Ejecutivo pueden llegar a un consenso sobre cómo aplicar las disposiciones a la situación de La Vega. Mientras tanto, el caso sigue siendo un ejemplo de cómo las lagunas en la normativa pueden impactar la gobernabilidad local en la República Dominicana.
