El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Elizabeth Silverio a siete años de prisión, tras ser hallada culpable de estafa y ejercicio ilegal de la medicina. La sentencia, emitida de forma unánime, se basó en pruebas testimoniales y documentales que demostraron que Silverio utilizó títulos falsos para ejercer como neurocientífica y atender a menores con trastornos del espectro autista, sin contar con la debida cualificación.
Estafa y falsificación de títulos
Uno de los puntos clave del proceso judicial fue la presentación de diplomas falsos que Silverio exhibía en su centro pedagógico Kogland. Los testigos, incluidos padres de los menores atendidos por Silverio, declararon haber visto los supuestos títulos académicos, que acreditaban a la imputada como neurocientífica y especialista en varias áreas médicas. Sin embargo, las universidades mencionadas en los diplomas, entre ellas Cambridge y West Indies University, negaron tener cualquier registro de Silverio, lo que llevó al tribunal a considerar estos documentos como falsos.
Durante el juicio, se destacó que Silverio utilizaba un sello gomígrafo con su nombre y el título de doctora, junto con un exequátur inexistente. Estos documentos le permitían presentar falsas credenciales médicas, lo que facilitaba la estafa a las familias que confiaban en su atención para sus hijos.
Falsa calidad de médico
La estafa cometida por Silverio fue reforzada por la evidencia de que realizaba diagnósticos y evaluaciones médicas sin tener ningún tipo de formación reconocida en el campo de la medicina. Según los testimonios y los informes presentados en el tribunal, Silverio diagnosticaba a menores con diferentes grados de autismo, sin contar con las credenciales requeridas para ejercer tales funciones. Las juezas señalaron que Silverio cometió uno de los “ejemplos más usuales de estafa”, al presentarse como una experta médica y realizar evaluaciones que comprometían el bienestar de los niños.
Ejercicio ilegal de la medicina
El tribunal también consideró la disposición 7 del artículo 157 de la Ley 42-01 General de Salud, que prohíbe el ejercicio ilegal de la medicina. Las pruebas presentadas demostraron que Silverio practicaba la medicina sin poseer la debida licencia o cualificación, lo que agravó su situación legal. A pesar de que la defensa alegó que Silverio solo actuaba como administradora del centro pedagógico, se comprobó que ella firmaba documentos y recibos como doctora, engañando a los padres de los menores.
Sentencia y compensación a las víctimas
Elizabeth Silverio fue condenada a cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Además de los siete años de prisión, se le impuso el pago de los costes del proceso judicial y una indemnización de dos millones de pesos a cada una de las nueve familias afectadas.
