El presidente de la Asociación de Comerciantes y Consumidores de Cigarrillos Electrónicos (ACCE) señala que de aplicarse un impuesto de 75 por ciento al valor CIF a los cigarrillos electrónicos, sería inviable una comercialización legal dentro de esta industria.
Una reforma fiscal que afecte drásticamente la industria del cigarrillo electrónico podría incrementar el comercio ilícito de vapes en República Dominicana. Así lo explica Diego Pineda, presidente de la Asociación de Comerciantes y Consumidores de Cigarrillos Electrónicos (ACCE). Pineda explica que de aplicarse un impuesto de 75 por ciento ad-valorem más un arancel del 20 por ciento, el precio de estos productos se incrementa de manera abrupta e insostenible, que haría su comercialización legal inviable en República Dominicana.
“Este incremento exorbitado de precio, producto de la tasa impositiva, matará por completo el comercio legal de vapes y generará un comercio ilegal en el país, ya que una tasa del 75 por ciento hace totalmente inviable una comercialización legal, lo que resultará en pérdida de competitividad, en el no cumplimiento de los objetivos fiscales y en un inevitable aumento del comercio ilegal”, expresó Pineda.
El cigarrillo electrónico o vape ha sido reafirmado como una alternativa de reducción de daños dirigida a fumadores adultos que intentan dejar los cigarrillos tradicionales. “El Gobierno está viendo nuestros productos como una moda o lujo, y está obviando que son una solución para los fumadores adultos, quienes, con estos nuevos impuestos, también se podrían ver obligados a la forma más dañina de consumo de nicotina, que sería el cigarrillo, una industria ya afectada por el comercio ilegal, socavando los esfuerzos de salud pública de reducir las tasas de tabaquismo”, añadió.
El presidente de ACCE señala, además, que los tratamientos fiscales en la industria de cigarrillos electrónicos deben tomar en cuenta la diferenciación entre estos productos y el cigarrillo.
“Entendiendo de que los cigarrillos electrónicos son distintos en su composición técnica y su forma de uso a los cigarrillos, los impuestos se deben abordar desde un ángulo distinto, como se hace en muchos países donde se tributa de manera diferente en base a volumen del líquido que contienen. Tomando en consideración la referencia a nivel global, la propuesta presentada contradice lo que se practica en todo el mundo, desconectado totalmente de la modernización fiscal que el Gobierno aspira y plantea. Tomando en consideración las practicas que se observan a nivel global, entendemos que la estructura que mejor puede implementarse debe ser un impuesto específico en base al volumen de contenido liquido sin importar si tiene o no nicotina, tomando en cuenta que es un sector que apenas comienza a desarrollarse y que necesita una política de apoyo a la innovación, no impuesto que eliminen al sector y lo ponga en la informalidad total”, explica Pineda y añade: “Al igual que la propuesta de impuesto selectivo al consumo sobre las bebidas con azúcar añadida, como los refrescos, el impuesto específico permite tener una estadística más clara a la hora de medir correctamente el mercado”.
“Resulta incongruente que, en este sector, que no tributa hoy en día impuesto selectivo al consumo, se le cargue una tasa tan desproporcionada y prohibitiva, cuando vemos otros productos que al igual no pagan impuesto selectivo al consumo y se les propone una tasa más manejable para su industria”, concluyo Pineda.
Errores del pasado
Diego Pineda comparó estas medidas con las realizadas en la pasada Reforma Fiscal de 2012, cuando se incrementó en un 40 por ciento el impuesto a los cigarrillos, a ser ejecutado en un período de tres años. Estos aumentos escalonados a lo largo de tres años (de 2013 a 2015) provocaron un aumento drastico de cigarrillos ilegales, que paso de menos de un 1% hasta llegar a un 50%.
Las expectativas de esa reforma del 2012 eran de aumentar la recaudación de impuestos por cigarrillos y lo que hizo al final fue reducir la recaudación, a pesar del incremento de los impuestos, yendo muy en contra de la intención del Gobierno de aumentar las recaudaciones fiscales.
“Impuestos drásticos como éstos ya han demostrado recientemente en República Dominicana tener efectos negativos para las industrias impactadas, generando daños colaterales como la ilegalidad en el comercio, impactando empleos y no alcanzando las metas fiscales propuestas”, concluyó Diego Pineda.
