La orden de arresto emitida contra José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y otros implicados en la denominada Operación Camaleón, sacó a la luz detalles sobre un acuerdo irregular entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y la empresa privada Aurix S.A.S.
El documento judicial acusa a Gómez Canaán de interferir en actividades relacionadas con la seguridad nacional mediante un acuerdo firmado el 23 de junio de 2020, que carecía de registro oficial en las instituciones de defensa del país.
Según la orden, el acuerdo, que tenía una vigencia de 12 meses, fue firmado entre Rubén Darío Paulino Sem, en representación del MIDE, y Gómez Canaán, representando a Aurix S.A.S., una empresa dedicada a la recopilación y análisis de datos utilizando inteligencia artificial y algoritmos.
Entre las obligaciones de Aurix estaba proveer cooperación al MIDE en investigaciones y detección de riesgos, transferir información de perfiles físicos y jurídicos, y utilizar su software en el marco de estas operaciones.
Sin embargo, el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, en un informe emitido el 21 de marzo de 2024, dejó claro que no existe ningún registro de pagos, deudas o acuerdos oficiales entre el MIDE y Aurix. Este descubrimiento indica que el acuerdo fue oculto y tenía fines ilícitos, permitiendo a Gómez Canaán acceso a información clasificada de seguridad nacional, lo que contraviene tanto la Constitución como la Ley 139-13, que regula la seguridad y defensa en el país.
La revelación de este pacto ilegal señala que Gómez Canaán utilizó su posición para ejecutar prácticas de chantaje, manipulación y extorsión, utilizando información privilegiada en beneficio propio, lo que ha llevado a su arresto y a una profunda investigación sobre la Operación Camaleón.
