Los familiares de tres de los seis migrantes que murieron tras el colapso de un puente en Baltimore (Estados Unidos) el pasado mes marzo anunciaron este martes que presentarán una demanda contra la empresa responsable del buque que causó el accidente.
El recurso legal, que será presentado en los próximos días, pedirá a un juez en Baltimore que reconozca la responsabilidad de Grace Ocean Private Limited, la empresa dueña del Dali, la embarcación que chocó contra el puente Francis Scott Bridge provocando su derrumbe.
Los seis fallecidos, originarios de México, Honduras y El Salvador y trabajadores del sector de construcción, estaban arreglando baches del puente cuando la estructura colapsó.
“Estamos unidos por nuestras pérdidas y el dolor; buscamos justicia no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores esenciales, los migrantes y las familias”, dijo en una rueda de prensa María del Carmen Castellón, viuda de Miguel Luna, una de las víctimas mortales del accidente.
Ambos emigraron desde El Salvador a Estados Unidos a principios de los 2000 y soñaban con abrir su propio restaurante, relató la mujer, conteniendo el llanto.
“Para que haya verdadera justicia, mi esposo debería seguir vivo, viviendo una vida llena de risas”, enfatizó, “la justicia es que ningún niño tenga que vivir sin un padre, que ninguna madre tenga que navegar por la vida sola y que ningún nieto tenga que conocer a su abuelo por una fotografía desvanecida”.
Los familiares de José Maynor López y Dorlian Ronial Castillo se unieron a la acción legal anunciada hoy y acompañaron a Castellón vestidos con cascos de construcción y chalecos reflectivos.
Poco después del accidente, la compañía Grace Ocean presentó un recurso pidiendo a un juez en Maryland que limitara la responsabilidad de la empresa al valor del buque, que estiman en unos $42.5 millones.
“Lo más importante de esta demanda es averiguar qué salio mal y señalar a los responsables (…) queremos aportar transparencia”, señaló Matt Wessler, uno de los responsables legales del caso.
Los parientes de los otros tres fallecidos, Maynor Yassir Suazo, Carlos Hernández y Wenceslao Contreras, presentarán por su parte también otra demanda en el mismo caso, bajo otra representación legal.
En su testimonio, Castellón conectó su tragedia con la situación de los más de 11 millones de migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos sin un estatus legal: “Necesitamos permisos de trabajo”, dijo la salvadoreña.
“No deberíamos vivir con miedo de nuestra seguridad mientras proveemos por nuestras familias”, agregó.
Tras el accidente, que obtuvo atención mediática nacional, el Gobierno de Joe Biden ofreció sus condolencias a las familias y concedió visas humanitarias a sus parientes en el exterior para que pudieran acudir a los funerales.
La organización a favor de los derechos de los migrantes CASA, de las que varias de las víctimas formaban parte y que ha abanderado su causa, se ha reunido con representantes de la Casa Blanca para presionar por medidas que den un estatus legal a muchos más migrantes.
