La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes un “golpe de Estado” en curso, en medio de una polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió el encarcelamiento de poderosos narcotraficantes.
“Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo […] por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener”, dijo la mandataria izquierdista en cadena de radio y televisión, horas después de que se publicara un video en que aparece su cuñado en una reunión con narcos en 2013 pidiendo aportes para su campaña electoral de ese año.
Castro puso fin hace seis días al tratado con Estados Unidos, al argumentar que buscaba evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado.
Sin embargo, la oposición afirmó que Castro canceló el tratado, que permitió encarcelar a medio centenar de narcotraficantes hondureños, incluido un expresidente de derecha, para proteger a miembros de su gobierno y de su familia.
El sábado renunciaron un cuñado y un sobrino de la mandataria: el secretario del Congreso, el diputado Carlos Zelaya, tras admitir ante la fiscalía que se reunió con narcos en 2013, y su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Este martes un portal especializado publicó un video de esa reunión.
“Un video exclusivo de InSight Crime muestra a narcotraficantes hondureños ofreciendo sobornos a un miembro de la familia presidencial. Esto evidencia la gravedad de la narcocorrupción en el país”, destacó el portal en la red X.
“Plan en marcha”
“En relación al video […] condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”, dijo Castro en su mensaje al país, el martes en la noche.
“El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha”, agregó.
Luego cedió la palabra a su ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien leyó un listado de causas judiciales por narcotráfico en que están involucrados políticos de derecha.
“Han llegado al máximo nivel del cinismo [en el gobierno], al apartarse de la realidad de los hechos y construir una verdad de lo que ellos creen, que es distante de las pruebas que pudiera haber en Estados Unidos”, dijo a la AFP la analista Ana Pineda, quien fue ministra de Derechos Humanos en el gobierno derechista de Porfirio Lobo (2010-2014).
El jefe de bancada del derechista Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, dijo en X que pensaba que Castro “iba a rectificar por el bien de Honduras” y anunciaría en su mensaje al país que “las extradiciones siguen, pero nos equivocamos”.
El PN es uno de los partidos tradicionales de Honduras cuyo exlíder, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue uno de los 50 hondureños extraditados desde 2014 a Estados Unidos, donde fue condenado en junio pasado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y armas.
Embajada de EEUU niega cierre
En medio de la polémica por el término del tratado, suscrito en 1909 y que entró en vigencia 1912, la embajada de Estados Unidos en Honduras negó el martes que vaya a cerrar.
“Circulan noticias falsas sobre un supuesto cierre de operaciones de la Embajada de EE.UU. en Honduras. Queremos aclarar que esto no es cierto”, publicó la misión diplomática en X.
“La Embajada sigue y seguirá operando normalmente”, agregó.
Castro anunció el término del tratado tras acusar de “injerencia” a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reunión del ministro Zelaya y del jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas con el titular de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, a quien Washington acusa de narcotráfico.
