Por: Juan Ariel Jiménez
Las reformas en el ámbito público se asemejan mucho a las cirugías médicas, ya que en ambos casos se utilizan intervenciones relativamente complejas para corregir problemas que afectan el bienestar de las personas. De la misma manera que en medicina todo comienza con un buen diagnóstico, una política pública exitosa se inicia con un análisis de las causas que subyacen a los males sociales.
En la antesala de la reforma fiscal que el gobierno presentará próximamente, es crucial analizar algunos síntomas que sugieren que la República Dominicana padece de lo que podríamos llamar “un Estado demasiado grande”.
Por un lado, al observar los datos del mercado laboral dominicano, se nota que en 2023 había 13,754 emprendedores formales menos que en 2019, lo que representa una caída del 21%. Es decir, se ha perdido uno de cada cinco emprendedores formales que existían en 2019. De manera similar, la cantidad de empleados privados en el sector formal ha disminuido en 16,955 puestos de trabajo, algo sumamente inusual en una economía tan dinámica como la dominicana.
Por el contrario, la recuperación del empleo post-pandemia ha ocurrido mayoritariamente en el sector informal y en el gobierno. En pocas palabras, ante la falta de oportunidades de trabajo en el sector formal, las personas se han visto obligadas a sobrevivir en la informalidad o a obtener un nombramiento en el sector público.
En cuanto al gobierno, el gasto en la nómina pública aumentó en aproximadamente 132 mil millones de pesos durante el período 2019-2024 (según lo presupuestado para este año), lo que representa un incremento porcentual del 64%. Esto sitúa a la República Dominicana como el país con mayor crecimiento de la nómina gubernamental en la subregión de Centroamérica y el Caribe. De hecho, ningún otro país centroamericano registró un aumento en el gasto de salarios del sector público similar al caso dominicano.
Si al crecimiento de la nómina le sumamos el aumento en ayudas, pensiones y publicidad del gobierno, el incremento total en estas partidas del gasto corriente supera los 205 mil millones de pesos, casi un 80% por encima del nivel de 2019.
Otro síntoma de un Estado demasiado grande es la “coincidencia” de altas tasas impositivas y una alta nómina pública. En ese sentido, la República Dominicana es el cuarto país de América Latina con el mayor porcentaje de personas empleadas en el sector público (14.5% de la totalidad de empleados), superado únicamente por Argentina, Panamá y Uruguay. Al mismo tiempo, somos uno de los países con el ITBIS más alto en todo el continente, mientras que la tasa del impuesto sobre la renta está ligeramente por encima del promedio latinoamericano.
Aunque esta “coincidencia” no implica causalidad, sí lleva a reflexionar que en momentos de reformas, debemos enfocarnos en políticas públicas que fortalezcan la capacidad del sector privado para crear empleos de calidad, en lugar de fomentar una voracidad fiscal que termine afectando a los sectores productivos que generan empleo.
Lo más preocupante es que el incremento en el gasto corriente no se ha traducido en mejoras en los servicios públicos. Se está gastando más en salud, pero han aumentado tanto la mortalidad materna como la neonatal. Se está gastando más en educación, pero hay cerca de 150 mil estudiantes dominicanos menos que en 2019. Se está gastando más en seguridad ciudadana, pero somos de los pocos países de América Latina donde ha aumentado la tasa de homicidios.
Es importante destacar que tanto el deterioro del mercado laboral formal como el incremento del gasto corriente sin una mejora significativa en la calidad de los servicios públicos ha ocurrido en todos los gobiernos de los últimos 25 años. Por tanto, es fundamental aceptar que el pasado, con sus distintos colores y siglas, nos enseña que el modelo económico y social necesita ser cambiado.
Otro aspecto a considerar es que la reducción del tamaño del Estado debe enfocarse en el gasto corriente improductivo. Por el contrario, la inversión pública debe incrementarse, ya que existen obras de infraestructura con un gran potencial para crear nuevos polos de desarrollo. Además, la reducción del gasto corriente no debe realizarse por ideología o por moda (por aquello de Milei), sino como resultado de un diagnóstico sincero de efectividad del gasto público.
En definitiva, al hablar de reformas, debemos pensar en cómo facilitar la creación de empleos formales, el desarrollo de nuevas industrias y el surgimiento de nuevas regiones de desarrollo, en lugar de centrarnos en cómo financiar un Estado que, evidentemente, tiene limitaciones para mejorar la vida de los ciudadanos. De lo contrario, si seguimos pensando únicamente en cómo recaudar más para tener un Estado más grande, podríamos enfrentar una situación comúnmente conocida como “la operación fue exitosa, pero el paciente murió”.
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