Amnistía Internacional (AI) acusó a la República Dominicana de implementar políticas migratorias racistas, una afirmación que fue negada por la vicepresidenta del país, Raquel Peña, quien aseguró que el gobierno dominicano “nunca ha ido en detrimento de los inmigrantes”. Sin embargo, la organización internacional respondió enfatizando que “negar el racismo en las políticas migratorias es cerrar los ojos a una realidad dolorosa”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que “la responsabilidad estatal por los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable”. También criticó que “resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger”.
La organización volvió a instar al gobierno de Luis Abinader y Raquel Peña a aprovechar este segundo mandato constitucional para promover un cambio positivo en su política migratoria. Este llamado incluye asumir la responsabilidad y corregir prácticas y políticas que consideran racistas y que, según AI, violan los derechos humanos.
Amnistía Internacional también recordó al gobierno dominicano su deber de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos y respeto a las leyes migratorias locales. Subrayó que, entre otras cosas, estas leyes prohíben la deportación de mujeres embarazadas y menores de edad, una normativa que, según ellos, ha sido ignorada en ocasiones por las autoridades dominicanas.