Abogados afirman independencia del Ministerio Público está garantizada por la Constitución y la Ley Orgánica; cuestionan reformas propuestas

Abogados afirman independencia del Ministerio Público está garantizada por la Constitución y la Ley Orgánica; cuestionan reformas propuestas

Santo Domingo.– Los abogados Francisco Guillén y Manuel Fermín coincidieron en que la independencia del Ministerio Público ya está garantizada por la Constitución y la Ley Orgánica, y que los cambios propuestos podrían no ser necesarios para mantener la integridad de esta institución en el sistema judicial dominicano.

Ambos abogados participaron en el segmento “RD Opina” donde debatieron sobre la independencia del Ministerio Público y la reciente propuesta de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo.

Durante su intervención, Guillén destacó que el proyecto busca reforzar la independencia del Ministerio Público, un tema ampliamente discutido por la oposición política desde la aprobación de la Constitución de 2010 y la Ley Orgánica correspondiente.

Guillén subrayó la importancia de profundizar en el concepto de independencia: “¿De quién debe ser independiente el Ministerio Público? ¿Es una independencia funcional dentro de su propia institución o una independencia orgánica frente a otros poderes del Estado?”. Según él, entender esta distinción es clave para evaluar si una nueva designación del Procurador General podría marcar la diferencia en el nivel de independencia deseado.

Por su parte, Manuel Fermín cuestionó la necesidad de una reforma constitucional para abordar la independencia del Ministerio Público. Mencionó que el proyecto actual no toca el artículo 170 de la Constitución, que establece la autonomía de esta entidad. “El verdadero enfoque de la reforma es el mecanismo de designación del Procurador General”, afirmó Fermín, añadiendo que la Ley Orgánica del Ministerio Público ya establece un mandato de apoliticidad.

Fermín también enfatizó que las leyes orgánicas requieren una mayoría calificada en el Congreso, lo que las convierte en un proceso más riguroso que las leyes ordinarias. En este sentido, cuestionó la necesidad de modificar la Constitución para establecer requisitos adicionales en la designación del Procurador General, sugiriendo que el presidente de la República debería seguir teniendo esa facultad.