El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, están inmersos en una guerra sin tregua en la que ambos arriesgan sus cargos.
Arévalo -así como Estados Unidos y la Unión Europea- considera que la fiscal es “corrupta” y que aprovecha su puesto para perseguir a quienes se interponen en su camino o incomodan a sus aliados, entre ellos el anterior presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).
“Definitivamente es un estorbo tener a un enemigo del tamaño del Ministerio Público” (fiscalía), dice a la AFP el constitucionalista y exdiputado Roberto Alejos, quien asegura que “la fiscal simplemente representa a un grupo oscuro de este país” que se siente amenazado por el socialdemócrata Arévalo.
“La guerra contra doña Consuelo es un distractor para tratar de encubrir la incapacidad oceánica de Arévalo”, replica por su lado Ricardo Méndez, líder de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo.
Esta pugna con pronóstico reservado partió hace un año, pero recrudeció cuando el 31 de julio Porras pidió a la Corte de Constitucionalidad su visto bueno para abrir un proceso al gobernante.
Porras pidió encausar a Arévalo por promover reformas para conseguir su remoción, lo que supuestamente infringe una orden dictada en mayo por ese alto tribunal que exigía al presidente y otros funcionarios abstenerse de actos que atenten “contra el mandato para el cual fue electa” la fiscal, que vence en mayo de 2026.
Un día después, el presidente solicitó a la Corte Suprema levantar la inmunidad a la fiscal y así proceder a su destitución.
Las altas cortes no se pronuncian hasta ahora.
Si se acoge el pedido de Porras, se abriría un proceso que eventualmente podría conducir a Arévalo a perder su inmunidad y al fin abrupto de su mandato de cuatro años.
– “No puede gobernar” –
Porras emprendió la cruzada contra Arévalo luego de que éste diera una sorpresa en la primera vuelta de los comicios en junio de 2023 y se perfilara como sucesor de Giammattei.
Ya como presidente electo, Arévalo denunció un plan de “golpe de Estado” de la fiscal para evitar que asumiera el poder.
Porras no logró impedir que Arévalo asumiera la presidencia en enero, pero consiguió que la justicia inhabilitara su partido Semilla, lo que restringe la acción de su minoritaria bancada en el parlamento.
Arévalo propuso en mayo al Congreso, dominado por la oposición, una reforma para obtener la facultad de remover a Porras, pero la iniciativa no ha avanzado.
“El asunto es que tenemos a una fiscal totalmente empoderada y a un sistema de justicia que le da la razón a ella y no al presidente”, se queja la directora de la ONG Projusticia, Carmen Ibarra.
Arévalo “no puede gobernar, está verdaderamente maniatado porque no tiene ninguna fuerza parlamentaria, una fuerza real en las cuotas de poder en el país”, dice la abogada a la AFP.
Manfredo Marroquín, de la filial local de la ONG Transparencia Internacional, asegura que “el pacto de corruptos dominaba todo el Estado de Guatemala y es evidente que [todavía] su poder es muy grande”.
Este grupo “no ha sido debilitado para nada, ellos están a la expectativa, al acecho, con planes A, B, C y D a diferencia del gobierno que está desorganizado, sin claridad de agenda y ni siquiera con un plan A”, añade Marroquín.
– “Presidenta paralela” –
Los analistas creen que el presidente sufre el mayor desgaste en este conflicto.
Arévalo “ya tiene decepcionados a amplios segmentos de la población y el hecho de que no pueda [remover a Porras] la mantiene muy empoderada a ella y a quienes son sus aliados”, asegura Ibarra.
“Va a tener que convivir con ella, mientras tanto ella se va a pasar el siguiente año y medio atormentando al presidente”, agrega.
Marroquín afirma que la “pugna ha desgastado mucho al gobierno, porque al final la fiscal se muestra como una presidenta paralela”.
– Mandato hasta 2026 –
Para combatir la corrupción se creó en 2007 la CICIG, una entidad con aval de la ONU que funcionaba como fiscalía paralela bajo la conducción de juristas extranjeros.
Pero en 2019 la CICIG fue desmantelada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) y desde entonces creció el poder de Porras, de 70 años.
En 2021, Porras emprendió una persecución contra fiscales y exfuncionarios de la CICIG que investigaron sonados casos de corrupción. Esto llevó a Estados Unidos a sancionarla.
Giammattei, quien también enfrenta sanciones de Washington por corrupción, prolongó el mandato de la fiscal hasta 2026.
