El director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó este lunes que para el próximo lunes, los senadores y diputados que resultaron electos en el pasado proceso electoral y que no han solicitado la suspensión de sus registros de proveedores y tienen participación accionaria en empresas más del 10%, el lunes estaríamos suspendiendo sus registros de proveedores.
“El próximo lunes los senadores y los diputados electos que no han solicitado la suspensión de sus registros de proveedores, si tienen participación accionaria en empresas más del 10%, el lunes estaremos suspendiendo sus registros de proveedores”, expresó.
En ese mismo sentido, Pimentel afirmó que recientemente Compras y Contrataciones Públicas le suspendió sus registros de proveedores a los actuales alcaldes y regidores electos.
“Nunca la Dirección General Compras y Contrataciones Públicas había suspendido un registro de proveedores a funcionarios que se habián encontrado en el régimen de compatibilidad”, sostuvo.
En estos cuatro años llevamos más de 400 registro de proveedores suspendido a diputados y senadores, alcaldes, regidores, ministros y directores que se encuentran en el régimen de compatibilidad.
El director general de Compras y Contrataciones Públicas indicó, que en el proyecto de ley 340-60, que está en el Congreso Nacional, estamos planteando que se quite el 10% para que un funcionario designado no tenga relaciones contra actuales con el Estado.
Carlos Pimentel ofreció estas declaraciones tras ser entrevistado en el programa el Gobierno de la Mañana que se transmite por Z101.
Se recuerda que el 4 de junio la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) exhortó este martes a las autoridades legislativas que resultaron electas en el pasado proceso electoral, solicitar de manera voluntaria la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado (RPE), en caso de estar habilitados como suplidores gubernamentales.
La DGCP precisó que, según lo que establece el artículo 14 de la Ley 340-06, los diputados y senadores no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
La normativa indica que los legisladores no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado hasta seis meses después de su salida del cargo.
