En pocas horas, más de mil personas se han unido a la carta abierta publicada por la periodista Altagracia Salazar, llamando al presidente Luis Abinader y al PRM a garantizar que se apruebe un Código Penal justo, que respete los derechos y enfrente la impunidad.
“Nos dirigimos a usted como ciudadanas y ciudadanos profundamente preocupados y decepcionados por la posible aprobación de un Código Penal vergonzante, que desconoce los anhelos de la ciudadanía de avanzar hacia el fin de la impunidad, una mejor protección de la niñez y la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Anhelos que fueron, además, compromisos asumidos por usted y por el partido que usted lidera”, inicia la carta publicada en la plataforma Change Org (https://chng.it/SvCPvGLjQW).
Según el documento, el accionar del presidente Abinader en esta coyuntura será para la ciudadanía un preámbulo de lo que vendrá en las próximas grandes reformas que deberá liderar su Gobierno: la fiscal y la constitucional. “El destino de esta ley, que ha avanzado de forma atropellante, sin considerar el gran rechazo que ha producido, estará en última instancia en sus manos”, manifiesta.
La carta refiere a las tres ocasiones en las anteriormente otros proyectos de Código Penal cuestionados por sus debilidades fueron observados por los presidentes de turno, fu el caso del expresidente Leonel Fernández en 2006 y del expresidente Danilo Medina en 2014 y 2016.
Sostiene que el proyecto aprobado recientemente en Senado y actualmente en discusión en la Cámara de Diputados es un Código Penal que perpetua la impunidad y desprotege a las familias. Entre los aspectos cuestionables que destaca están la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años y la exoneración de las iglesias de responsabilidad penal, impidiendo que tengan sanciones penales oportunas por los delitos en los que que la iglesia es el medio para que estos hechos se cometan. También la creación de una justicia especial para los militares, posibilitando que los militares se juzguen entre ellos.
Señaló además que este proyecto protege la discriminación, ya que permite usar como escudo la libertad de credo o las “buenas costumbres”, un término demasiado ambiguo, que solo busca garantizar impunidad a quien discrimina. Además de que excluye intencionalmente la orientación sexual como causa de discriminación.
La carta también critica la desprotección de la niñez en la pieza legislativa, al fallar en castigar de manera efectiva las agresiones a niños y niñas con fines correctivos. Asimismo, considera que desprotege a las mujeres, favoreciendo a violadores al tipificar de manera distinta la violencia sexual si la ejerce la pareja y desprotege a la familia, al excluir las tres causales, sin las cuales corre peligro la vida y salud de las mujeres.
