En el marco de la discusión sobre la reforma del código penal, la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Sergia Galván manifestó que ha surgido preocupación acerca del artículo 14, el cual exime de responsabilidad final a las iglesias. Esta disposición plantea riesgos potenciales, como el lavado de activos, la corrupción y la impunidad en casos de abuso sexual.
Uno de sus principales argumentos en contra de este artículo es el riesgo que representa para la sociedad al abrir una ventana al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción. Se ha señalado que las iglesias, al contar con una exención de responsabilidad, podrían ser utilizadas para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. Esto podría permitir que pastores, curas u otras autoridades eclesiásticas instalen negocios o centros de atención con el propósito de ocultar actividades delictivas.
Estas preocupaciones se fundamentan en casos reales, tanto a nivel nacional como internacional, en los que se ha documentado el uso de instituciones religiosas para el lavado de activos. Además, se teme que esta exención de responsabilidad abra un nicho para el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad en casos de abuso sexual.
Galván argumentó que en otros países, como se ha visto en el caso de la Iglesia Católica, se han realizado pagos millonarios como consecuencia de delitos y crímenes cometidos por miembros de la institución. La existencia de una personalidad jurídica de las iglesias ha permitido responsabilizar legalmente a estas instituciones por los abusos cometidos en su seno. Sin embargo, el artículo 14 del nuevo código podría eximir a las iglesias de esta responsabilidad, lo cual genera preocupación y cuestionamientos sobre la equidad y la justicia.
Además, se ha destacado que las exenciones tributarias de las iglesias podrían facilitar el ingreso de bienes importados sin pagar impuestos, lo que podría ser utilizado como una forma de evasión fiscal y lavado de dinero. Esta situación plantea un escenario en el que las iglesias podrían adquirir vehículos u otros bienes para su posterior venta, sin temor a ser perseguidas legalmente debido a su estatus privilegiado.
Es fundamental recordar que estas preocupaciones no se limitan únicamente a los casos de abusos sexuales por parte de líderes religiosos, sino que abarcan una amplia gama de posibles delitos que podrían cometerse en el marco de las instituciones religiosas.
