Santo Domingo, D.N. – El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos emitió una contundente advertencia sobre las graves consecuencias que enfrentarán aquellos que cometan Delitos Electorales, en consonancia con las disposiciones establecidas en la Ley 20-23 (Régimen Electoral). Por lo tanto, aconseja a los ciudadanos a ejercer el sufragio con apego a la norma y a la participación transparente y cívica como buen elector.
Los delitos electorales, definidos como toda acción u omisión que afecte la integridad del proceso electoral y la libre expresión del voto, serán castigados con la máxima rigurosidad de la ley. De acuerdo con lo establecido, dichos actos ilícitos conllevan penas que van desde seis (6) meses hasta diez (10) años de prisión, además de multas que oscilan entre dos y diez salarios mínimos del sector público.
En un esfuerzo por salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar el debido proceso, la Defensa Pública ha intensificado sus esfuerzos para preparar a sus equipos en la respuesta efectiva ante posibles requerimientos legales derivados de la Ley 20-23.
Es imperativo recalcar la importancia de respetar los derechos fundamentales en todo momento, sin excepción. Bajo ninguna circunstancia se tolerarán violaciones a las garantías del debido proceso. La Defensa Pública permanece comprometida con esta premisa y estará alerta ante cualquier eventualidad que requiera nuestra intervención, ya sea por requerimiento judicial o por solicitud de ciudadanos que necesiten asistencia legal, expresó, Rodolfo Valentín Santos.
Entre los delitos electorales más comunes se encuentran la compra o venta de Cédulas de Identidad y Electoral, la intimidación a votantes, la exhibición pública del voto, la coacción laboral para influir en la elección y el soborno electoral. Estas prácticas, claramente prohibidas por la ley, deben ser denunciadas y perseguidas con firmeza.
La ciudadanía tiene el deber de reportar cualquier irregularidad a través de los canales disponibles, ya sea en redes sociales, o directamente ante la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20-23.
La Oficina Nacional de Defensa Pública reitera su compromiso de brindar asistencia, asesoramiento y representación continua a aquellas personas que enfrenten situaciones de vulnerabilidad legal. Nuestro equipo de abogados altamente calificados está preparado para proporcionar el apoyo necesario, con la convicción de que todos merecen una defensa justa y equitativa ante la ley, dijo el director de la Defensa Pública
