Santo Domingo.- El abogado Eduardo Jorge Prats, a través de su cuenta oficial de X, ha expresado sus opiniones sobre la reciente decisión del Gobierno de entregar los recursos a los partidos políticos de cara a las elecciones del 19 de mayo.
En una serie de mensajes, Jorge Prats argumentó que la medida adoptada por el Gobierno era el único camino legal para restablecer la constitucionalidad en relación al suministro de fondos ordenado por la ley.
En el marco de la acción de amparo presentada por la oposición y que fue llevada al Tribunal Superior Administrativo (TSA), se alegó que la suspensión de los fondos contenida en el presupuesto general del Estado para 2024, según el artículo 51 de la ley 80-23, era irrazonable debido a que se adoptó en un año electoral. Según Prats, esta medida de suspensión no solo viola el principio de razonabilidad establecido en la Constitución, sino que también afecta los derechos fundamentales y frustra el propósito de la ley en relación a la contribución estatal en años electorales.
Manifestó que esta situación es sin precedentes e “inédita” en la historia política reciente del país. Además, destacó que la oposición nunca antes había recurrido a los tribunales para reclamar estos fondos.
Jorge Prats también señaló que el método de asignación de la contribución estatal había sido diferente en el pasado, dependiendo de las regulaciones emitidas por la Junta Central Electoral (JCE) en ejercicio de sus competencias. Sin embargo, a partir de la ley 15-19, se estableció un monto fijo mediante reglamentación de la JCE para el período 2018-2023.
El abogado advirtió que sería un grave error pensar que la suspensión de los fondos legales podría repetirse en el futuro, ya que esta medida es incompatible con la Constitución vigente. Según Prats, el objetivo principal del proceso de amparo era censurar la evidente irrazonabilidad de la suspensión de los fondos, que no solo estaban diseñados para ser entregados en años electorales, sino que eran esenciales en el escenario político actual.
Prats subrayó que el financiamiento público de los partidos políticos es fundamental para garantizar el pluralismo político y el sistema democrático, y que este financiamiento está respaldado por mandatos legales anclados en principios constitucionales, no se trata de un regalo del gobierno.
Finalmente, el abogado expresó su expectativa de que el TSA emita una sentencia fundamentada para evitar una mayor deslegitimación de la justicia, al dar una razón injustificada al gobierno al prometer la entrega de los fondos reclamados. Asimismo, Prats espera que los fondos se entreguen a tiempo y no el día de las elecciones, ya que de lo contrario, el amparo y el recurso contra la sentencia injusta del TSA mantendrían su necesidad y validez. En conclusión, Prats considera que la decisión del gobierno de entregar los fondos no solo demuestra que la oposición tenía razón, sino que también cuestiona la validez del rechazo del amparo por parte del TSA.
