Santo Domingo. – En un contexto de polarización y exigencias políticas, la labor de la Policía Militar Electoral, bajo la dirección del Mayor General Juan José Otaño Jiménez, ha recibido un amplio respaldo por parte de diferentes sectores de la sociedad dominicana. Esta entidad, encargada de preservar el orden durante los comicios electorales, ha sido el centro de apoyo y reconocimiento por su actuación en las elecciones de febrero pasado, a pesar de las recientes solicitudes de algunos partidos de la oposición de destituir a su director.
Aclarando las competencias de esta institución, es crucial entender que la Policía Militar Electoral no tiene facultades para investigar ni perseguir delitos electorales, una tarea asignada exclusivamente a la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, conforme al decreto 111-90 y la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral. Su misión principal radica en garantizar la seguridad y el orden en los locales de votación, un mandato que ha cumplido con integridad y eficacia.
Contrario a las críticas recibidas por parte de algunos sectores políticos, que acusaron a la Policía Militar Electoral de inacción ante supuestos delitos electorales, la realidad es que la entidad ha desempeñado su papel dentro del marco legal establecido, enfocándose en proteger el material electoral y asegurar que el proceso de votación se desarrolle en un ambiente de paz y orden. La solicitud de destitución del Mayor General Otaño Jiménez parece ignorar que la responsabilidad de investigar estas infracciones recae en los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada.
La amplia base de apoyo hacia la Policía Militar Electoral se extiende a gremios, organizaciones civiles, periodistas, comunicadores, representantes de la iglesia y comunidades, quienes valoran la estabilidad y seguridad aportadas durante los comicios. Esta diversidad de voces subraya la confianza en la institución y su liderazgo para manejar situaciones de tensión con profesionalismo y respeto a la legalidad.
Además, se destaca la función adicional de proporcionar seguridad a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, un aspecto fundamental para el desarrollo democrático y la equidad en la competencia política. Este respaldo transversal refleja una comprensión clara de las limitaciones y responsabilidades de la Policía Militar Electoral, reconociendo su contribución esencial en el fortalecimiento del proceso democrático dominicano.
En conclusión, mientras las investigaciones sobre las denuncias de delitos electorales continúan su curso legal, el apoyo a la Policía Militar Electoral y a su director reafirma la confianza en su labor esencial de garantizar la integridad y tranquilidad durante las elecciones. Este respaldo de diversos sectores de la sociedad demuestra la apreciación por un cuerpo que, dentro de sus competencias, ha sabido velar por la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.
Resolución 18-2024
Esta resolución, emitida por la Junta Central Electoral contiene otras acciones a ejecutar por parte la Policía Militar Electoral, como mantener despejadas las entradas de los recintos; no permitir el proselitismo de personas con distintivos y gafetes que hagan promoción o activismo a favor de partido políticos.
Tampoco serán permitida la instalación de carpas, mesas o cualquier estructura que facilite la gestión política o campaña electoral por parte personas, dentro, frente o en el perímetro de los recintos electorales.
Capacitación de militares y policías
En cumplimiento de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, el Jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general Juan José Otaño Jiménez, está al frente de un programa de capacitación de procesos electorales masiva dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este programa tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y el orden público durante el proceso electoral en todo el territorio nacional.
Hasta la fecha, más de 40,000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido capacitados en una iniciativa que busca alcanzar a casi 55,000 efectivos antes del día de las elecciones presidenciales y congresionales. La capacitación se ha llevado a cabo en todas las unidades militares del país, incluyendo las unidades mayores terrestres, navales y aéreas, así como las regiones policiales, asegurando una preparación integral y uniforme.
