Manuel Crespo Pérez acude a la Junta Central Electoral (JCE) en su calidad de precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, para solicitar a la misma que cumpla con las atribuciones que le confieren la Constitución de la República y las leyes, en el sentido de garantizar que los procesos se realicen con sujeción a los principios de libertad, equidad, transparencia e igualdad, tal como lo dispone la Carta Sustantiva.
En la instancia depositada, se apodera a la Junta Central Electoral, de las graves denuncias formuladas por los pre-candidatos inscritos, Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del P.L.D., Reynaldo Pared, Secretario General, y el comunicador Julio Martínez Pozo.
Estas denuncias son de tal magnitud, que obligaron a los precitados pre-candidatos, a renuncia al ejercicio del derecho a ser valorados para optar por la candidatura presidencial, en las primarias del 6 de octubre.
Es importante destacar, que la Constitución de la República pone a cargo de los derechos ciudadanos, a través de los mecanismos de tutela y protección de los mismos, por lo que corresponde a todas las instituciones públicas, en el marco de sus atribuciones, velar por el pleno disfrute los mismos.
Entre las denuncias formuladas, destacan las siguientes:
CARLOS AMARANTE BARET, dirigió un mensaje televisivo a toda la nación, mediante el cual explicaba las razones de su decisión, “considero que el escenario electoral a lo interno del PLD ha cambiado en el último tiempo. “Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar”, dijo que baso su decisión “en el hecho de que en el PLD se ha creado en el último tiempo una gran desigualdad interna, básicamente en los aspectos organizativos y financieros”.
DR. REINALDO PARED PÉREZ: “existe una clara intervención de una gran parte del Estado a favor del precandidato Gonzalo Castillo”. Y continúa diciendo que, “Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en loas hondo nuestra dignidad”. “Basado en tal situación he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial, han cariado de forma injusta y de total parcialización”.
JULIO MARTINEZ POZO: “No hay ni siquiera vergüenza para violar la Ley Electoral”. en ese sentido se refirió al llamado “Plan Nacional de Asfalto”, el cual indica, “es un programa de miles de millones de pesos de los contribuyentes, que el gobierno del Presidente Danilo Medina, atreves del Ministerio de Obras Publicas ejecuta a nivel Nacional con Alcaldes y Directores Municipales… Que significa esto para un Director Municipal o Alcalde Municipal, esto constituye una cuestión de vida o muerte, porque con ello se benefician todos los Alcaldes del País, incluyendo los de la oposición. Por qué esto constituye un acto abusivo, porque al permitir que desde la posición de Ministro de Obras Públicas, el Ministro Gonzalo Castillo Terrero, ejecute este llamado Plan Nacional de Asfalto, realiza una competencia desleal con todos los demás competidos por la misma posición.
Todas estas acciones transgreden el derecho a la igualdad, en función de la opinión política, como se establece en el artículo 39 de la Carta Magna.
A todo esto se agrega, que el Presidente de la República de manera maliciosa, como lo han señalado sus propios compañeros, ha incumplido con las atribuciones que le confieren los artículos 128 de la Constitución, en su numeral 2 literal a, en lo referente a la aceptación de las renuncias, cancelaciones y remociones de funcionarios; para de esta manera permitir el usufructo de manera alevosa, de los recursos del Estado, por parte del señor Gonzalo Castillo, como correctamente lo denunciaron los compañeros anteriormente citados.
Cuando dichos compañeros afirmaron que el gobierno ha intervenido en esta competencia, que debe ser democrática y transparente, y le acusan de crear un desequilibrio en el proceso, no es más que afirmando que desde la administración pública, se ha perdido la legalidad como principio fundamental de la función administrativa, en violación a los principios esenciales a que debe deben estar sujetos los funcionarios públicos, en el marco de sus actuaciones.
En la instancia depositada en esta fecha, como pre-candidato presidencial, “apelo al cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, en los numerales 4, 5 y 10 del artículo 25; y en los párrafos III y IV del artículo 59; así como el artículo 278 del Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, este último de manera supletoria”.
“El uso y abuso de los recursos públicos de manera descarada, en perjuicio de varios de los pre-candidatos, como el suscrito, lo menos que obliga es a la inhabilitación del señor Gonzalo Castillo, que es a través de quien, con estos mecanismos ilícitos, se pretende apropiar indebidamente de la candidata presidencial”, concluyó Manuel Crespo Pérez.