La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por daños en la ocupación de una universidad en 2022, lo que eleva la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el cargo.
El fiscal Saúl Sánchez dijo en rueda de prensa que “el Ministerio Público presentará los antejuicios contra” Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio.
Arévalo denunció un “asalto contra la democracia” por la decisión de la Fiscalía de abrir un nuevo frente para perseguirlo, criticada por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.
“Las medidas espurias del Ministerio Público evidencian que el asalto contra la democracia y el Estado de Derecho continúa”, dijo Arévalo al lado de Herrera y rodeados de seguidores, al hablar ante la prensa afuera de la sede de los tribunales en la capital.
“Lo que estamos viendo es que la capacidad de ellos para fabricar casos no tiene límite”, agregó Arévalo, quien es acusado por haber publicado en las redes sociales mensajes en apoyo a los académicos y estudiantes que ocupaban la universidad.
Arévalo, sociólogo socialdemócrata de 65 años y actualmente diputado, venía denunciando que hay un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el mando el 14 de enero, tras enfrentar una “persecución” de la Fiscalía desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, el 25 de junio.
Los delitos que se le imputan a ambos, además de a otros seis legisladores opositores, son “depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”, indicó Sánchez.
La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.
“Cualquier diligencia de antejuicio” contra el presidente y vicepresidenta electos “va a la Corte Suprema de Justicia”, explicó a la AFP el consultor de asuntos legislativos Víctor Valverth.
EEUU: habrá “consecuencias” –
Antes del anuncio de Sánchez, la Fiscalía allanó varias residencias y detuvo a cinco opositores por la ocupación de una universidad pública en 2022. Los detenidos, entre ellos una excandidata a diputada del partido Semilla de Arévalo, fueron enviados a prisión preventiva y serán escuchados por un juez el próximo martes.
“Las redadas de hoy del Ministerio Público y otros esfuerzos en curso para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables”, señaló el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).
“Aquellos que intenten interferir con una transición pacífica hacia el presidente electo enfrentarán consecuencias”, advirtió.
Con el caso de la universidad, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a Semilla y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó su triunfo en los comicios.
“Estas acciones no sólo ponen en peligro una transición ordenada del poder al nuevo gobierno, sino también la estabilidad y el sistema democrático de Guatemala en general”, señaló un portavoz de la UE, Peter Stano.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala expresó su “preocupación por acciones que parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho”.
El secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó por su parte que las nuevas acciones de la Fiscalía son de “carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo”.
“Resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”, agregó.
El Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del organismo, había denunciado el miércoles los intentos de “impedir una transición pacífica del poder” en Guatemala.
Órdenes de captura –
Entre mayo de 2022 y junio de 2023, la sede central de la Universidad de San Carlos, la única estatal, estuvo ocupada por docentes y estudiantes.
Por este caso, fueron giradas órdenes de captura contra 27 personas, según la Fiscalía, entre ellas líderes estudiantiles, académicos y activistas de otras organizaciones.
La ocupación fue llevada a cabo en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno derechista de Alejandro Giammattei.
La Corte Suprema rechazó el miércoles un pedido de Arévalo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el TSE y Semilla.
El anuncio de la Fiscalía ocurrió casi en simultáneo a la polémica y sorpresiva elección en el Congreso de los nuevos miembros de la Corte Suprema.
Al cierre de la sesión por la noche, un grupo de manifestantes insultó y lanzó objetos a diputados. Este jueves el edificio estaba resguardado por cerca de 2.000 uniformados.
