El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana, (CONACERD), solicito a la Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora de general de ética e integridad y Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, a ser más enérgica con los Funcionarios públicos, en materia de la aplicación de la ley General 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
El Lic. Antonio Cruz Rojas, presidente de la entidad, (CONACERD), dijo a este medio de comunicación, que la Dra. Ortiz Bosch en su condición de Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, está en el deber instruir a todos los Ministerios públicos a respaldar las iniciativas de Transparencia y Anticorrupción exhibidas por el Presidente de la Republica, Lic Luis Rodolfo Abanader Corona.
Según la Ley General de Libre Acceso a la Información Publica 200-04, establece que el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus su Instituciones; además, en su artículo 3, la Constitución Establece, que la Rep. Dom. Reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes las hayan adoptado; también en su artículo 8, la Constitución establece que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona
Según el Presidente de CONACERD, Lic. Antonio Cruz Rojas, la Dra. Milagros Ortiz Bosch, en su condición de asesora de Ética, Transparencia y Anticorrupción del Poder Ejecutivo, debe incluir en su agenda de trabajo, solicitar a todos los Ministerios Publicos la puesta en funcionamiento de sus oficinas de libre acceso a la información, según la ley 200-04; pues no hemos logrado obtener estadísticas que digan cuantas oficinas están listas y cuantas no.
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana, (CONACERD), recientemente puso en marcha el código de Ética de la Institución, el cual contempla nuestros valores, en transparencia, equidad y justica y pusimos en marcha el seguimiento permanente para que se cumpla y se haga cumplir el contenido de la ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04, en beneficio de la población.
Según Cruz Rojas, desde la dirección de Ética de CONACERD, hemos realizado una investigación exhaustiva sobre la ley de referencia, la cual en su artículo 30 estipula las Sanciones Penales y Administrativas, Impedimento u Obstrucción del Acceso a la Información.
El mismo artículo reza lo siguiente; El funcionario Público o agente responsable que en forma abierta denegase, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.
Exhortamos a todos los dirigentes del Empresariado, de Federaciones, Asociaciones comerciales y aquellos que dirigen Asociaciones sin fines de Lucro, poner en marcha el seguimiento a la aplicación de esta ley, 200-04, a fin de crear el respecto ante los funcionarios públicos, cuando una organización o Institución con capacidad y calidad les solicitan una información de interés para las mismas. Dijo el Lic. Antonio Cruz Rojas, presidente de la entidad.
