SANTO DOMINGO.– El Primer Juzgado de la Instrucción aplazó el inicio del juicio preliminar contra los imputados en la Operación Cattleya tras la defensa de los acusados señalar que no tuvieron acceso a algunas de las pruebas.
El juez Raymundo Mejía fijó la audiencia para el viernes 25 de agosto y estableció que los encuentros se realizarán cada lunes, a partir de esa fecha.
El magistrado dispuso que en la próxima audiencia se inicie la lectura de la acusación y que también se realicen audiencias los días 28 de agosto, el 1ero, y 4 de septiembre, respectivamente.
Asimismo, el juez Raymundo Mejía también decidió que la revisión de medidas de coerción a los imputados en el caso que están privados de libertad se haga el 11 de agosto a las 9:00 de la mañana.
El caso se sigue también contra Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), así como de José Miguel Micheli, Angélica Quintero Niño y Daniel Enrique Inirio Abreu.
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Melvin José Valentín Peguero.
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
Se recuerda, el Ministerio Público puso en marcha el jueves 4 de agosto de 2022 la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
