Al abogado Jorge Luis Vargas, representante legal de uno de los apresados durante la ejecución de la Operación Gavilán, aseguró este jueves que no le ha sido posible hablar de manera privada con su cliente, a fin de obtener su versión de lo que se le acusa y que tampoco lo dejaron verlo en la Procuraduría.
Sostuvo que esto constituye una violación a los derechos fundamentales de las personas, a las leyes y a la Constitución de la República.
Tanto Vargas como Carlos Mesa, también abogado de otros imputados del caso, recibieron el expediente de solicitud de medida de coerción, consistente en más de 300 páginas, las cuales, según ellos, no les daría tiempo a estudiarla desde la tarde del jueves hasta la 10:00 de la mañana del viernes, por lo que solicitarán aplazamiento de la medida de coerción.
La solicitud de medida de coerción contra los 12 los fiscales, administrativos y policías que habrían operado una estructura nacional dedicada durante años a eliminar a cambio de sobornos antecedentes penales de procesados por diversos delitos, fue presentada esta mañana por el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los fiscales que lideran la operación contra la presunta red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo y solicitaron la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
