Seis muertos y 12 heridos dejaron un ataque con explosivos contra una patrulla policial en el estado mexicano de Jalisco (oeste), una práctica inusual que, según expertos, vienen multiplicando los cárteles del narcotráfico para aterrorizar a las fuerzas de seguridad.
Casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la militarizada Guardia Nacional e hiriera a tres más en el estado de Guanajuato (centro), la explosión de varios artefactos artesanales la noche del martes causando la muerte a seis personas, incluidos tres policías, en Tlajomulco, periferia de la ciudad de Guadalajara.
No se ha informado aún quiénes son los otros tres fallecidos.
Además, 12 personas resultaron lesionadas, dijo este miércoles Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico con 1.095 homicidios y unos 750 desaparecidos entre enero y junio pasado, según cifras oficiales.
“Es un acto de terror brutal”, añadió Alfaro, quien atribuyó el atentado a la “delincuencia organizada”. La región es base del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos con presencia en varios países.
El funcionario denunció que este hecho sin precedentes en Jalisco “fue una trampa” y constituye un “desafío” al Estado mexicano.
“Son estrategias de extrema violencia para intimidar a las autoridades (…) y a la población”, comentó por su parte a la AFP Gerardo Rodríguez, investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla.
Versión cuestionada
Según Alfaro, la agresión se produjo cuando una comisión de policías y fiscales verificaba pistas sobre una fosa clandestina, reportadas en una llamada anónima a una integrante de un colectivo civil que busca a personas desaparecidas.
Pero esa versión fue desmentida por una de las organizaciones. “Jamás a nosotras se nos hizo (…) esa llamada”, aseguró a la prensa Indira Navarro, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, quien apuntó que las asociaciones dedicadas a esta actividad están en comunicación permanente.
Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos, unos 15.000 de un total de 111.200 registrados desde 1962 hasta la fecha en todo el país, según datos oficiales.
Sectores de Tlajomulco se han convertido en auténticos cementerios. Unos 200 cuerpos han sido encontrados allí este año, un fenómeno ligado a guerras entre cárteles, aunque no todas las víctimas estén involucradas en delitos.
Los ataques con bomba son poco frecuentes en México, pero en los últimos meses también se han registrado en zonas como Michoacán, donde el domingo pasado un dron con explosivos impactó una vivienda de Apatzingán hiriendo a una persona.
Atentados con estos artefactos también han sido reportados en Guanajuato y Jalisco (oeste) por la secretaría de Defensa, que ha responsabilizado al CJNG.
El objetivo es “mermar la capacidad de fuego de rivales de otros cárteles, (así) como de las fuerzas de seguridad, y provocar terror entre la población civil”, declaró a la AFP el consultor en seguridad David Saucedo, quien cataloga estas acciones de “narcoterrorismo”.
Al CJNG también se atribuye el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes en 2015, un hecho en el que murieron seis oficiales en una zona rural de Jalisco. Por el jefe de esta organización, Nemesio Oseguera “El Mencho”, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la pretensión de congresistas estadounidenses de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, por considerar que sería la excusa para una intervención militar en su país.
Críticas al gobierno
Las explosiones en Tlajomulco ocurrieron el mismo día en que 13 agentes de seguridad eran liberados en la ciudad de Chilpancingo (sur), tras ser retenidos durante una violenta asonada que, según las autoridades, azuzó el cártel de Los Ardillos para presionar la excarcelación de dos de sus líderes.
La liberación de los funcionarios se produjo tras negociaciones entre el gobierno y los manifestantes, un episodio que avivó las críticas a la política de seguridad de “abrazos, no balazos” del mandatario izquierdista.
“La paz es fruto de la justicia, no de medidas coercitivas”, defendió este miércoles López Obrador, que sostiene que el enfoque militar antidrogas solo ha dejado un baño de sangre sin haber logrado frenar el tráfico de estupefacientes.
Desde 2006, cuando fue puesta en marcha esa ofensiva con participación del Ejército y la Marina, México acumula unos 350.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones narcotraficantes.
