El diputado Fidelio Despradel solicitó hoy a la Cámara de Diputados la interpelación del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que explique su participación en la gestión de los contratos de seis obras para las cuales la empresa Odebrecht había realizado desembolsos irregulares, a través de su departamento de sobornos, según las revelaciones dadas a conocer en el país por la periodista Alicia Ortega.
Esos pagos ocultos, señala Despradel, aparecen en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que se demuestra que Odebrecht pagó más de 55 millones 818 mil 781 dólares en sobornos para adjudicación y manejo de obras en el primer período de gobierno del presidente Danilo Medina.
Con un proyecto de resolución, el diputado nacional por Alianza País destaca la necesidad de que Gonzalo Castillo explique al país los sustanciosos incrementos en los costos originales de obras de infraestructuras que él autorizo en beneficio de la empresa mafiosa y en detrimento del Estado dominicano.
Las obras bajo denuncia de soborno ejecutadas por Obras Públicas son la carretera Miches-Sabana de La Mar, el Boulevard Turístico del Este (BTE), la ampliación de la carretera de San Pedro de Macorís, la autopista Coral, la carretera Cibao-Sur y la Ecovía de Santiago. Estas seis obras, agrega el documento, se le realizaron adendas considerables para aumentar el costo final de construcción y favorecer a Odebrecht con mayores desembolsos en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
“Espero que, en esta ocasión, la Cámara de Diputados acoja nuestra solicitud y apruebe la propuesta de interpelación, ejerciendo nuestra función de fiscalizador del Poder Ejecutivo para garantizar el buen uso de los recursos del pueblo dominicano y atender el clamor de la ciudanía de que se haga justicia y se termine con el régimen de impunidad que tanto daña a la nación”, declaró Fidelio Despradel después de someter el proyecto de solicitud de interpelación.
El proyecto se fundamenta en el artículo 95 de la Constitución de la República, el cual establece que es facultad de las Cámaras legislativas interpelar a los ministros, viceministros y/o funcionarios que administren fondos públicos. También cita que atribución del Congreso Nacional la fiscalización y control de los recursos del Estado y la supervisión de todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.