Houston, Estados Unidos. Un empresario de Texas presentó una demanda contra un plan del gobernador Greg Abbott para colocar una barrera de boyas en el Río Bravo, frontera con México, e impedir el paso de migrantes, dijo el sábado el abogado del demandante.
“La instalación de la nueva barrera en el Río Grande [Río Bravo] comienza hoy. El Departamento de Seguridad Pública está supervisando el proyecto en Eagle Pass”, escribió Abbott el viernes en Twitter, quien difundió fotos de camiones con los enormes flotadores naranja.
Este sábado se desconocía si las obras ya se habían iniciado.
Abbott acusa permanentemente al presidente Joe Biden de permitir el ingreso irregular de miles de migrantes al territorio y desatar una crisis. Ya ha dicho que tomará medidas al respecto.
Ante el anuncio, Jessie Fuentes, propietario de la firma estadounidense Epi’s Canoe and Kayak Team, que ofrece tours por el río en la zona de Eagle Pass, presentó una demanda contra el Estado y las autoridades de Texas envueltas en el asunto.
“Su negocio opera exactamente donde las boyas van a ser instaladas” y perjudica sus operaciones, dijo este sábado a la AFP Carlos Flores, abogado de Fuentes.
“El gobernador de Texas y los demandados no tienen la autoridad legal para instalar esas boyas. La demanda pide impedir la instalación de estas y, si se instalan, que se retiren por orden judicial, porque no tienen permiso”, agregó. Detalló que la instalación de estas boyas también requiere la autorización de entidades federales, que hasta el viernes Abbott no había recibido.
El abogado recordó que estas boyas se están instalando amparadas en la operación “Lone Star” lanzada por Texas para asegurar sus fronteras pero que ha sido criticada por activistas y legisladores por excederse en sus atribuciones.
“Nos veremos en la corte (…) Esto irá hasta la Corte Suprema. Texas tiene el derecho constitucional de proteger su frontera”, comentó Abbott en sus redes tras conocer la demanda.
Hasta el 11 de mayo estuvo vigente el denominado Título 42, que, por la pandemia, permitía expulsar de Estados Unidos a migrantes que cruzaban la frontera en situación irregular, habitualmente sin sanciones.
Pero ahora las autoridades se rigen bajo el Título 8, que si bien permite acoger a trámite solicitudes de asilo también faculta la expulsión inmediata del migrante o su deportación, incluso con prohibiciones de volver a entrar por los próximos cinco años.
Este cambio ha ocasionado una “reducción significativa” en el encuentro de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, dijo a mediados de junio el jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Troy Miller.
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