El movimiento rechazó el convenio firmado entre Inapa y el gobierno de Israel sobre gestión del agua
A Los medios de comunicación y a la opinión pública en general Asunto Posicionamiento de la Red Socioambiental Nacional respecto al Convenio que el Gobierno dominicano ha firmado con la empresa israelí MEKOROT.
El movimiento “Red Socioambiental Nacional” rechazó este jueves el convenio recíentemente rubricado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, y el presidente de la institución estatal israelí MEKOROT, Yithak Aharonovitch ya que entienden que con el mismo se busca privatizar el agua y se opusieron a la construcción de planta desalinizadoras en el país.
“Este convenio, unido a una serie de marcos legales recientemente aprobados parecen ir orientados a enajenar los bienes públicos dominicanos, excluir la participación social y concentrar los poderes quebrantando la institucionalidad jurídica y favoreciendo intereses elitistas tanto nacionales como internacionales” expresó Altagracia Paulino quien fungió de vocera.
Dijeron que la construcción o instalación de planta desalinizadoras es muy costoso y advirtieron de que no permitirán ese tipo de planta en el país y recomendaron que los recursos sean invertido en preservar el agua y construir reservas “los recursos hídricos disponibles en la isla pueden ser auto sostenibles” aseguraron.
Hicieron un llamado al gobierno dominicano para que “reconsidere este convenio con MEKOROT y para que se comprometa a asumir y a proteger, de una vez por todas, la soberanía hídrica del país. Es imperativo que el gobierno entienda que es necesario promover una gestión del agua basada en la participación ciudadana, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales de la población”.
Es por ello que desde la Red Socioambiental Nacional:
1.- Pedimos públicamente a INAPA y al Gobierno que den a conocer los términos del citado Convenio firmado con MEKOROT, dando muestra de su transparencia y en cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y al Decreto 130-05 que aprueba su Reglamento de Aplicación, poniendo a disposición de nosotros, los ciudadanos, los contenidos de transparencia establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) mediante Resolución No. 01/2018, ya que el pueblo tiene derecho a saber lo que se está ideando con el agua.
2.- Denunciamos el discurso de doble cara del Presidente Luis Abinader, que por un lado crea la Mesa del Agua con el pueblo dominicano para dialogar y buscar soluciones conjuntas con la sociedad, y por otro, termina inusitadamente negociando a sus espaldas con la empresa MEKOROT (llegando a refrendar dicho convenio con su asistencia personal a la firma del mismo).
3.- Reivindicamos, ahora y siempre, para República Dominicana una gestión pública y responsable del agua, para garantizar que sea tratada como derecho humano y como patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Teniendo el consumo humano del agua prioridad sobre cualquier otro uso.
4.- Subrayamos y remarcamos las negligentes políticas de agua y la irresponsable e histórica actitud que durante sucesivos gobiernos han mantenido tanto el poder ejecutivo como el legislativo, en una fraglante dejadez de funciones, obviando la realización de una Ley de Aguas digna de República Domínicana y orientada al servicio público y al bienestar de sus ciudadanos.
5.- Reiteramos que el país necesita una ley de agua que ordene el patrimonio, cuidando de que nunca sea concesionado, pero que garantice los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, a la producción, a la dignidad y a la vida. Todos debemos de ser fieles gestores del patrimonio público, ya que es la única manera de crecer como nación y dejar un buen legado patrimonial a las futuras generaciones.
6.- Manifestamos que ese convenio ahora firmado tiene vicio de nulidad pues no se ha sometido a consulta pública, y que temas tan cruciales como los relativos al agua han de ser siempre analizados previamente con el pueblo soberano (tal y como se venía haciendo en la Mesa del Agua).
7.- Recordamos que el actual director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnaud, de formación abogado, llegó al puesto tras modificarse arbitrariamente la ley que regulaba el perfil técnico de quien debía dirigir la institución y que una de sus primeras palabras al llegar al puesto fue que había sido nombrado para concretar las Alianzas Público-Privadas en el sector agua. Ahora vamos entendiendo el cambio de perfil del puesto, orientado a la negociación y cómo se va cumpliendo su misión a través de este tipo de convenios, más que a cumplir la misión de INAPA, a través de una gestión directa del agua con garantías públicas acorde con la Constitución.
8.- Expresamos que la cultura de gestión basada en la escasez, que MEKOROT quiere imponer, no responde a una deseable y lógica cultura del ahorro y del consumo responsable, ni a la realidad de nuestro país tropical, sino a una estrategia comercial privatizadora (“el secreto de su éxito”) tendente precisamente a la creación de escasez para elevar el costo del agua y crear dependencia del pueblo a este tipo de empresas intermedíadoras.
9.- Recalcamos que los recursos hídricos disponibles en la isla pueden ser auto sostenibles, si se manejan con responsabilidad, transparencia en las inversiones y voluntad política.
10.- Por último, manifestamos que no necesitamos de recetas mágicas salvíficas de “supuestos expertos en gestión del agua”, ni convenios internacionales que, como en Costa Rica, han sido rechazados por sus gobernantes al considerarlos lesivos para el interés nacional, basta con ser capaces de confiar en nuestros técnicos y profesionales dominicanos, que vienen trabajado en el tema desde nuestras perspectivas geográficas y patrimoniales, eso sí, dotándoles del correspondiente recurso económico oportuno y asumiendo, desde el gobierno, una gestión pública eficaz.
Por todo lo anterior, la Red Socioambiental Nacional considera que este convenio, definitivamente, NO CONVIENE al pueblo dominicano y se ha convertido en otro despropósito más de un gobierno al que se le sigue esperando, pero que no termina de acertar con la esperada política de agua pública que la Constitución señala y el pueblo reclama.
Asimismo, se insta a la Cámara de Diputados y al Senado a pedir explicaciones al gobierno y a cumplir su rol de defensores del patrimonio nacional, y se llama a la sociedad civil a unirse y a hacer oír su voz en defensa de los recursos hídricos y del derecho humano al agua. Es necesario generar conciencia sobre la importancia estratégica de mantener el control y la administración pública de este recurso vital.
