¿Algunas amenazas en línea protegidas están protegidas por la libertad de expresión? La Corte Suprema de Estados Unidos dedicará el miércoles una audiencia a esta cuestión que cobró una nueva dimensión con el auge de las redes sociales.
Los nueve miembros del alto tribunal estudiarán el caso de Billy Counterman, que envió miles de mensajes a través de Facebook a la cantante country Coles Whalen, entre 2014 y 2016.
“Su frecuencia y hostilidad no hicieron más que aumentar con el tiempo”, escribieron los abogados de la artista en documentos judiciales. “Oscilaban entre bizarros, sin sentido, agresivos y amenazantes”, añadieron.
Le escribía frases como “muérete, no te necesito” y abría nuevas cuentas cada vez que ella lo bloqueaba. También daba a entender que la vigilaba, describiendo su coche o a los amigos con los que se había encontrado.
La joven había empezado a asustarse, cancelando conciertos. “Estaba aterrorizada de ser seguida y atacada, no tuve más remedio que poner mi carrera en pausa”, explicó en un comunicado.
En 2016 decidió presentar cargos y Counterman fue detenido.
Tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión, apeló invocando la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.
Esta enmienda no protege las “verdaderas amenazas” que pueden ser causa de proceso, pero los abogados de Counterman han asegurado que sus mensajes no entran en esta categoría porque no pretendía asustar a la gente.
Counterman “sufre de una enfermedad mental y pensó que (la cantante) se escribía con él a través de otros sitios. No entendió que la estaba amenazando y no tenía intención de hacerlo”, escribieron.
Tras perder la apelación, recurrieron a la Corte Suprema, que accedió a tomar este caso para aclarar su interpretación de las “amenazas reales”.
Asociaciones de periodistas como el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa le pidieron que tenga en cuenta la “intención” de sus autores. De lo contrario, temía que los periodistas se expusieran a juicios sin fundamento.
Asimismo, la poderosa organización de derechos civiles ACLU ha tomado partido contra el riesgo de “censura”.
Pero las asociaciones que luchan contra la violencia doméstica han instado a la Corte a no aceptar esta lectura de la ley que, según ellos, podría complicar la protección de las víctimas.
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