Diez de diez, es la puntuación que ha obtenido el Ministerio Público en lo que va de audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el presunto entramado de corrupción denominado Calamar, pues según los abogados y el propio órgano persecutor, todos los que han hablado en su defensa técnica y material han admitido su participación y se comprometieron a colaborar con el Ministerio.
Los diez imputados que se declararon culpables son: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Esmil José Fernández, Osca Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero, según detalló el abogado Francisco García, representante legal de la familia Gatón, una de las partes querellantes.
Las reacciones a estas declaraciones de los encartados no se hicieron esperar, y de inmediato la defensa técnica de Gonzalo Castillo afirmó que estas declaratorias de culpabilidad no afectan a su cliente, ya que no hicieron referencia a él, salvo uno que dijo que le dijeron que el dinero sería para la campaña de Gonzalo.
El Ministerio Público informó que a los imputados que negociaron con el órgano persecutor les
variará la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción y pedirá arresto domiciliario, fianza económica, entre otras garantías.
La audiencia será reanudada el próximo domingo a las 9:00 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Además de Gonzalo Castillo y los otros diez anteriormente señalados, también se le conoce medida de coerción a los exministros ministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente y otros siete, quienes fueron apresados el domingo 19 de marzo durante la ejecución de la Operación Calamar, donde se realizaron 40 allanamientos simultáneos.
A estos se les acusa de asociación de malhechores, desfalco contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
