La Red Socio Ambiental Nacional, constituida por decenas de organizaciones sociales, medioambientales, no gubernamentales, y por profesionales de las diferentes áreas científicas y académicas vinculadas, de todo el territorio nacional, lanzaron ayer una fuerte alerta a la población dominicana para que se mantenga vigilante ante la reciente propuesta de una Ley de Aguaprivatizadora, cuyo contenido busca concesionar y enajenar este bien público inembargable, tal y como consta explícitamente en la Constitución de la República Dominicana de 2010 y en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La actual propuesta de Ley de Agua, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, en su capítulo III,refleja la clara intención de concesionar el preciado líquido, a través de subterfugio encubiertos bajo denominaciones como “concesión” o “Derecho de Administración Real”. Incluso, en el artículo 76 de ese mismo apartado se especifica que en caso de que surja una emergencia, por sequía u otro fenómeno, si tienen que abastecer de agua a la población, la representación del Estado debe “compensar” a esos concesionarios por el servicio.
Sin embargo, nuestro marco jurídico es claro con relación a la protección del recurso agua: La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone que: “todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derecho adquirido sobre ellas”.
Y lo que establece la Constitución dominicana es más contundente al respecto cuando dice que: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración de políticas efectivas para la protección de los Recursos hídricos de la nación”.
El 28 de julio del año 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el agua como un derecho humano garante de otros derechos, como la salud, la alimentación, la producción y la dignidad.
El acceso al agua es un derecho inalienable y la poca con que cuenta el país es codiciada por los grandes sectores financieros, porque somos de los países del Caribe donde más llueve y porque el agua dulce se cotiza con precios hacia futuro como el petróleo y los cereales.
El agua del territorio nacional atraviesa por lo que se llama estrés crítico, ya que muchos de sus ríos han desaparecido y lo que se impone es una política se preservación de las cuencas, la siembra de agua, y las nuevas tecnologías para su preservación es la inversión que necesitamos, no concesionar y hacer negocio con un bien público que le toca al Estado dominicano administrar con equidad y seguridad.
Entre las organizaciones que firman este documento figuran, entre otras:
-Sociedad Ecológica del Cibao
-Voces del Camú
-Ciudad Alternativa
-Foro USA_RD
-Articulación Nacional Por el Derecho Humano al Agua (ANHDA)
-Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
-Articulación Nacional Campesina
-Coalición Enriquillo
-Coalición Ambiental del Noreste (COANOR)
-Comisión Ambiental de la Esperanza del Ozama
