Al destituido exmandatario se le señala por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado
El Congreso de Perú aprobó este viernes una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
La acusación se originó a raíz de un documento que había presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del año pasado. Ahora, la funcionaria judicial podrá formalizar la investigación e iniciar un proceso penal contra el destituido exmandatario de izquierda.
El informe final fue avalado por los parlamentarios con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
El documento sostiene que Pedro Castillo es el presunto cabecilla de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la compañía estatal petrolera Petro Perú.
Al político acusado se le negó la solicitud para brindar sus descargos de manera presencial en el pleno del Congreso. La defensa la asumió su abogado, Eduardo Pachas.
En la misma sesión de este viernes, el Parlamento aprobó acusar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva (87 votos a favor), y al exministro de Gobierno, Geiner Alvarado (80 votos positivos), por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión.
Castillo en prisión
Castillo permanece detenido en la prisión de Barbadillo, Lima, desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido en forma polémica por el Congreso y posteriormente detenido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Pedro Castillo sigue considerándose el presidente legal de Perú y dijo en una reciente entrevista con El Salto que teme por su vida y la de su familia. El exmandatario exige un proceso constituyente para el país y denuncia la represión llevada a cabo por la presidenta interina, Dina Boluarte.
“En Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, ni política, ni civil”, declaró y aseguró que fue acosado y agredido por la derecha peruana desde la campaña por la segunda vuelta.
