La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso sostiene que ningún sustento jurídico justificaba posponer el proceso en los plazos de hasta un año que pretendían las defensas
SANTO DOMINGO.– La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para la extensión de los plazos de la audiencia preliminar del Caso Medusa, que dijo “se realizó conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó”.
“El tribunal otorgó los plazos conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó, porque realmente no había ningún sustento jurídico para posponer el proceso en los plazos en los que las defensas lo habían solicitado”, expresó Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
En tanto, el fiscal Emmanuel Ramírez resaltó que, “tal como el Ministerio Público manifestó en audiencia, el plazo de un año solicitado por algunas de las defensas el tribunal consideró que era totalmente irracional”.
En ese sentido, dijo que el juez realizó una serie de reposición de plazos para que el Ministerio Público pudiera asistir a las defensas en la visualización de sus pruebas y le dio un plazo de 60 días para que estos pudieran realizar sus escritos de defensas con base en esas pruebas que fueron aportadas por el Ministerio Público como sustento de la acusación que fue presentada.
El juez Amauri Martínez aplazó la audiencia preliminar para el próximo 24 de febrero de 2023, a partir de las 9:00 de la mañana.
El magistrado Martínez desestimó la reproducción física de las pruebas que sustentan la acusación a los imputados en el caso Medusa, “esto así por el volumen del documento”.
Asimismo, ordenó la citación de las personas morales para la próxima audiencia.
El proceso se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien encabezó la representación del Ministerio Público, durante la audiencia, destacó: “en virtud del principio de objetividad y por una cuestión de razonabilidad no tenemos oposición a que se reponga el plazo”.
No obstante, advirtió que ese plazo debía tener atributos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido, como: “ser lógico, razonable, tutelar los derechos de todas las partes, tomar en cuenta las características objetivas del sistema de administración de justicia en la República Dominicana…”.
Reynoso junto a Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez, Andrés Mena y Melbin Ramírez, integró el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia que, debido a la cantidad de las partes procesales que intervienen en el caso, fue realizada en la sala de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
