Santo Domingo.- El Instituto de Abogados para la Protección del Medioambiente (INSAPROMA), denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se negó a suministrarle los informes de cumplimiento ambiental (ICA) de las dos barcazas de generación eléctricas propiedad de la empresa Seaboard Transcontinental ubicadas sobre el río Ozama.
De acuerdo a la denuncia, Medio Ambiente está alegando que constituyen “un secreto de la compañía”, lo cual consideran es una arbitrariedad y una ilegalidad, ya que el medio ambiente es de interés público y difuso, y por tanto es información de libre acceso para todos los ciudadanos.
Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA, informó que hicieron la solicitud de los ICA vía la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del Ministerio, pero entienden que se los negaron porque no los tienen, ya que nunca se hizo estudio de impacto ambiental para poner a operar esas plantas.
En ese sentido explica que “los estudios de impacto ambiental conllevan el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) y si no hay PMAA no hay forma de entregar los ICA y están protegiendo a la empresa porque se están protegiendo ellos”.
Planteó además que el Ministerio de Medio Ambiente se está poniendo en favor de la empresa en detrimento de la salud del pueblo y del medio ambiente. “Y el mandato que les da la ley es de organismo rector de protección del medio ambiente y los recursos naturales, y están haciendo todo lo contrario”, agrega.
Exhortó al nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, a verificar todo el proceso de instalación de las dos barcazas en el río Ozama y se dará cuenta inmediata que están ahí de manera ilegal y arbitraria, y por lo tanto, él debe ordenar su retiro inmediato.
Cuevas afirmó que negar esa información pública es ilegal y totalmente arbitraria porque INSAPROMA no está solicitando ningún documento privado de la empresa; sino los informes de cumplimiento ambiental. “Ellos se basan en el artículo 17 numeral i de la ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública, pero esa es una distorsión burda y absurda en el sentido de que lo que se le está pidiendo es un asunto que no debiera ni siquiera solicitársele”.
Indicó que lo que procuraban con esos informes es saber cuál es el impacto que están teniendo las dos barcazas de generación eléctricas en el aire, en la biodiversidad marina, en la ría del Ozama y en la salud de los ciudadanos que residen en las comunidades aledañas.
Refirió que antes de existir la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, ya la Ley 64-00 desde el año 2000 establecía un sistema de información ambiental de libre acceso, desde el artículo 49 al 52, donde todas las empresas deben remitir esos informes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que éste los ponga en este sistema y sean de libre acceso a todos los ciudadanos que pueden ser impactados con esas actividades comerciales.
“Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente es obstaculizando de manera arbitraria el acceso a la información pública en materia ambiental”,
finalizó Cuevas.
