El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), depositó una instancia ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, solicitando la conclusión de las investigaciones ante la denuncia hecha por esa entidad por la violación de la Ley 64-00.
Dicha ley, implica las operaciones de las dos barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental, que se encuentran sobre el río Ozama.
El INSAPROMA indicó que “estamos a la espera de que se agilicen esas investigaciones y se rindan los informes correspondientes a toda la sociedad dominicana que obviamente confirmarán lo que es muy visible y evidente: el alto impacto contaminante de estas plantas”.
“Nosotros entendemos que el país necesita fuentes de generación eléctrica. No estamos diciendo que las plantas sean buenas o malas, es que la ubicación no procede ni técnica, ni legal ni ambientalmente. El problema es que están en el río Ozama contaminando y provocando daños en la salud de la gente. Y en mayor proporción una de ellas, que es de altísima contaminación porque el enfriamiento de sus calderas es con el agua del Ozama, lo que distorsiona la temperatura del agua y afecta obviamente todo ese sistema costero-marino”, alegó Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA.
“Pero además esas chimeneas, no hay manera, por mínimas que sean, que esa polución no vaya directo a las casas, a los hogares, empresas, a los hoteles, a los turistas de la Zona Colonial y los barrios aledaños afectando la salud de las personas”, sostuvo Cuevas.
Mediante la acción depositada, requieren al procurador general especializado para la protección del Medio ambiente y Recursos Naturales, Francisco Contreras, culminar a la mayor brevedad el proceso investigativo, ya que es una obligación de las autoridades nacionales resolver este tema que definieron como una aberración ambiental y que tanta contaminación genera en la zona.
Recordó que en el año 2017, el entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, negó la renovación de licencia a Seaboard y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía, la Estrella de Mar II.
Precisó que esa planta se instaló en el río Ozama cuando el huracán George, en 1998, a raíz de la crisis eléctrica que tuvo el país, de manera provisional y previo a la existencia de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, por lo que a su juicio si hubiese existido esa ley es imposible que se hubiera instalado la planta porque ambientalmente no es sostenible.
“Las bases legales para la denuncia que el INSAPROMA incohó contra Seaboard y contra el pasado ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, es por violación a las normativas ambientales. Resulta que lo que había detenido Francisco Domínguez Brito en el 2017, entonces Ángel Estévez en el 2020, como hizo con otras licencias ambientales, renovó esa licencia a Seaboard y amplió el marco de generación a instalarse en el río Ozama. Eso es una aberración jurídica y una aberración ambiental”, sentenció el especialista.
Euren Cuevas sostuvo que para instalar esa nueva planta Estrella del Mar III, era necesario un estudio de impacto ambiental y “en ninguna cabeza cabe que un estudio de impacto ambiental pudiera ni siquiera recibirse en el Ministerio de Medio Ambiente para instalarse en la desembocadura de este río que es el Ozama, y en la Zona Colonial que es una zona turística”.
Describió la gravedad de la contaminación que generan esas plantas, ya que la polución y la emanación de las chimeneas que producen esas plantas van a todas viviendas de los barrios cercanos. Dijo, además, que el full oil número 6 que ahí se produce es uno de los más contaminantes del mundo y va al río Ozama, y los desperdicios térmicos, las aguas que enfrían las calderas, terminan también en las aguas de este afluente.
El Instituto de Abogados para la Protección del Medioambiente (INSAPROMA) es una institución sin fines de lucro fundada en el año 2001. Su misión es contribuir a la preservación y protección del medioambiente y los recursos naturales, la protección de los derechos humanos, la salud ambiental, los derechos al consumidor y la promoción de la gobernanza ambiental. Realiza programas y proyectos de concienciación ciudadana dirigidos a defender la implementación de las normas nacionales e internacionales.
Procura convertirse en un foro de denuncia en contra de toda acción de cualquier persona moral o física que actué en desmedro de los recursos naturales, los derechos humanos, la salud ambiental, los derechos del consumidor o que coarte la gobernanza ambiental.
Insaproma tiene ya 20 años beneficiando al país obteniendo la cancelación de varias licencias ambientales improcedentes, tales como el parque de Cotubanamá, el tema del parque del Este, Boca de Yásica, y ha trabajado en temas de áreas protegidas como Bahía de Luperón, Sierra de Bahoruco, Diego de Ocampo, entre otras.
