Una emergencia en su embarazo llevó a Esme al hospital. Perdió el bebé y ahora intenta evitar una condena definitiva de 30 años de cárcel en El Salvador, donde el aborto está prohibido y penado en todos sus extremos.
Todo empezó en 2019. Esme (seudónimo para resguardar su identidad), hoy de 28 años, tras dejar el hospital quedó en detención provisional por dos años, el máximo límite mientras se ventilaba el proceso. Libre desde 2021, recibió la semana pasada una condena en primera instancia de un tribunal del oriente del país.
La sentencia considera su aborto como homicidio agravado. Este 24 de mayo se espera una notificación escrita, que podría devolver a Esme a la cárcel.
A Esme “la han dejado en libertad preventiva, y tiene que ir a firmar cada 15 días (al tribunal)”, declaró a la AFP Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).
“Comenzamos a preparar la apelación. Si la apelación no resuelve, vamos a recurrir a la figura de casación [anulación del juicio] y en última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Herrera.
La condena de Esme, quien a través de Acdatee ha agradecido el apoyo, es la primera durante la gestión del presidente Nayib Bukele quien, según Herrera, se “había comprometido a poner fin a la persecución sistemática” de mujeres con este tipo de problemas.
El Código Penal salvadoreño desde 1998 prohíbe el aborto en todos los casos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican incluso los casos de aborto involuntario como “homicidio agravado”, con penas de hasta 50 años.
“Farsa de justicia”
Desde 2009, 64 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría de condición humilde, han sido liberadas apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones.
Para el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, el caso de Esme “es el reflejo de un sistema de justicia cuestionado que, sin investigación, condena violentando los derechos humanos de las mujeres”.
“Estamos viendo otro caso más de una mujer que ha sido sentenciada en lo que nosotros llamamos una farsa de justicia”, dijo por su parte a la AFP la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara.
Recordó que a Esme inicialmente se le encarceló de forma preventiva “por tener un aborto espontáneo y no contar con la atención integral para prevenir situaciones, en un contexto en donde se penaliza totalmente el aborto”.
“La ley draconiana” en El Salvador pone en evidencia “una forma extrema y radical de discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas”, agregó Guevara.
Mientras países por toda América Latina están tomando grandes pasos a favor del derecho al aborto legal, “es decepcionante ver que El Salvador sigue estando en el lado equivocado de la historia y de los derechos humanos”, señaló.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han llamado a las autoridades a despenalizar el aborto y reformar leyes.
Sin embargo, en septiembre del 2021, Bukele retiró de un proyecto de reforma constitucional la posibilidad de legalizar el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, tras críticas de la Iglesia católica.
El caso de Berta
“Esperamos que haya una posición más razonable, una reacción positiva de parte del sistema de justicia de El Salvador y podamos revertir esta condena”, consideró por su parte Herrera.
De acuerdo con su organización, Acdatee, actualmente hay cuatro mujeres encarceladas con condena firme.
Entra ellas está Berta Arana, una salvadoreña-guatemalteca que, tras parir en una emergencia a una niña en 2013, fue acusada de lanzar a la bebé a una letrina. Cuando llegó al hospital de Ahuachapán en busca de asistencia, fue detenida.
El 2 de julio de 2014, Arana fue encontrada culpable de homicidio agravado en grado de tentativa y condenada a 15 años de prisión.
“Berta tuvo la emergencia obstétrica, tuvo una niña que no murió, pero la condenaron por la figura de homicidio agravado en tentativa que es un absurdo. Y lo más grave que tiene casi diez años de estar en la cárcel”, resume Herrera.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, instancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha solicitado la libertad de Berta Arana, pero el obstáculo para la conmutación de pena es que no posee documento de identidad.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) halló responsable al Estado de El Salvador por el caso de Manuela, una mujer salvadoreña que murió en el 2010 en la cárcel, purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.
