Santo Domingo.- El Estado Dominicano registró como suyo y ha completado la integración al patrimonio público los inmuebles que albergan la embajada dominicana en la República de Panamá valorados en más de 150 millones de pesos, cuyos contratos fueron suscritos y totalmente pagados a mediados del año 2017 sin que la empresa vendedora cumpliera con la obligación de formalizar y ejecutar el traspaso de la propiedad, poniendo en riesgo dicha inversión.
Las acciones fueron llevadas a cabo ante un requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), designado por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el Decreto No.22-21 de fecha 13 de enero de 2021.
Por primera vez en la historia, el Estado dominicano se ha constituido en querellante en los casos de corrupción que cursan en los tribunales con la finalidad de no solo obtener sanciones penales, también que el daño causado al patrimonio y al pueblo domininicano a través de distintas modalidades, sea resarcido mediante el pago del duplo de lo sustraído.
A tales fines, ha presentado formales querellas con constitución en parte civil en al menos cinco procesos judiciales vinculados a actos de corrupción donde se prevé la indemnización, de manera inicial, de más de RD$39,603,465,542.00, por daños y perjuicios, equivalente a 4.5 veces del presupuesto del Poder Judicial.
El Estado dominicano por conducto del ERPP integrado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, coordinadores de equipos y 27 abogados de alta calificación, a la fecha ha presentado formales querellas con constitución en parte civil en los siguientes casos:
Operación Antipulpo
El Estado dominicano en su condición de víctima reclama la restitución e indemnización de la suma de RD$23,903,465,542.00 como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos.
La acción indicada se formuló en contra de un conjunto de personas y empresas encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez, dentro de los que se identifican exfuncionarios y servidores públicos, empresarios y empleados privados, todos vinculados en actos de corrupción pública en perjuicio del Estado dominicano a través de varias de sus instituciones.
La comisión de los ilícitos penales que se imputan son estafa agravada en contra del Estado dominicano, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, intervención en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad en escritura pública y privada, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, porte, tenencia y tráfico ilegal de armas de fuego.
Este caso es liderado por el licenciado Jorge A. López Hilario.
Caso Coral 5 y 5G
En este caso la acción se interpuso en contra de un conjunto de personas y de empresas, vinculadas en actos de corrupción pública, resultando víctima el Estado dominicano a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
El Estado dominicano procura ser civilmente restituido e indemnizado por una suma que cubra los valores que se prueben fue defraudado y por daños y perjuicios que le ocasionaron, estos valores se concretizarán en la etapa procesal que establece la ley pero inicialmente prevé una suma superior a los RD$6,000,000,000.00.
Los imputados, personalmente y a través de entramados societarios, distrajeron cuantiosos fondos públicos mediante el manejo fraudulento de nóminas de personal y de los suministros de combustibles. Incurriendo posteriormente en el delito del lavado de activos mal habidos por las aludidas acciones.
Los ilícitos penales que se imputan son coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, prevaricación, concusión, recepción de beneficios económicos no previstos por la ley e incompatibles con funciones públicas, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, falseamiento y omisión de declaración jurada de bienes, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato, y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Este caso es liderado por los licenciados José Alberto Ortiz y Sigfrido Caamaño García.
Operación Medusa
El Estado dominicano como víctima procura obtener una restitución e indemnización por la suma de RD$9,200,000,000.00 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole sufridos a través de la Procuraduría General de la República. Este caso está liderado por los licenciados Félix D. Olivares Grullón y Namphí Rodríguez.
La acción fue incoada en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y los imputados Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexánder Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Johannatan Loander Medina Reyes, Jocelyn Santiago, Samuel Sena, José Miguel Estrada Jackson, Rolando Rafael Sebelén, César Nicolás Risik Pimentel, Rafael Stefano Canó Sacco y un conjunto de entidades como Desarrollo, Individuo & Organizaciones (Dio); Rogama SRL, Inversiones Swaziland SRL, Ropalma SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Divamor Group SRL, Empresa Panificadora J Y N, SRL, Comercial Viaros, Acbs Servicios SRL, Movimiento Político Renovación, Productiva SRL.
Los ilícitos penales que se imputan son coalición de funcionarios, asociación de malhechores, desfalco, falsedad en escritura pública y privada, lavado de activos, prevaricación, concusión, soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y crímenes de alta tecnología.
Operación 13
El Estado dominicano, como víctima ha establecido que un conjunto de personas, incluyendo varios servidores públicos, perpetraron de manera material e intelectual la manipulación del sorteo celebrado por la Lotería Nacional en fecha 1º de mayo de 2021 con la finalidad de favorecerse de manera ilícita de beneficios económicos a expensa de socavar instituciones públicas y de la violación de la ley.
Los hechos imputados tipifican los delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno, cohecho de los funcionarios públicos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
En este proceso, el Estado dominicano hizo formales reservas de indicar el monto de los daños económicos experimentados para el momento procesal que se lo permite el artículo 119 numeral 4 del Código Procesal Penal pero inicialmente prevé una suma superior a los RD$600,000,000.00.
Este caso está liderado por los licenciados Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte.
En ese sentido el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público espera y exhorta al Congreso Nacional aprobar rápidamente la Ley de Extinción de Dominio y el nuevo Código Penal para que el país disponga de herramientas legales eficientes y acordes a los tiempos actuales, que le permitan combatir la corrupción, la impunidad y el crimen organizado en todos los escenarios y manifestaciones.
