La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales resaltó que la resiliencia desarrollada ante los desafíos de la COVID-19 permitió fortalecer las acciones educativas
Los programas de tratamiento y educación y las medidas de respuesta a la pandemia de la COVID-19 permitieron al Sistema Penitenciario superar un año de desafíos y alfabetizar a cerca de cuatro mil privados de libertad, mientras otros casi cinco mil completaron los ciclos de educación básica y media.
En adición a estos resultados, 349 internos se inscribieron en licenciaturas de diferentes áreas del conocimiento y 10 cursan programas de postgrado.
Además, el sistema trabajó en un frente paralelo, con el fortalecimiento de las medidas preventivas y de contención de la COVID-19, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la redacción de las directrices para la prevención y atención de la enfermedad y la vacunación tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario.
En el resumen ejecutivo de sus memorias anuales, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) consigna que durante todo 2021 la gestión del sistema penitenciario “mantuvo el enfoque sobre la mejoría de la efectividad del desempeño y los resultados de la organización y en la reinserción social de las personas en conflicto con la ley penal bajo su tutela”.
La DGSPC, que encabeza Roberto Hernández Basilio, funge como la nueva institución gestora del sistema penitenciario, creada en abril del año saliente en atención al mandato de la Ley 113-21.
En noviembre, la gestión de Miriam Germán Brito, máxima representante del Ministerio Público, inició el proceso de unificación del sistema penitenciario con la designación de Hernández Basilio, entonces responsable de la Dirección General de Prisiones, e Hilda Patricia Lagombra, quien encabezaba la oficina coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, como directora de Centros de Corrección y Rehabilitación.
Esta semana, Hernández Basilio y Lagombra Polanco sostuvieron una reunión de trabajo con los responsables de las áreas administrativas del sistema penitenciario. Ambos reafirmaron que el eje central de los programas de tratamiento de la DGSPC seguirá siendo la educación, porque impulsa y sustenta la efectiva reinserción social y laboral de los internos.
Al revisar el informe de 2021, los directivos del sistema ponderaron el esfuerzo en proveer a los privados de libertad los programas de enseñanza y las capacitaciones que habían sido suspendidas en 2020 debido a la pandemia.
En 2021 quedaron alfabetizados 3,655 privados de libertad y hay 1,166 inscritos para aprender a leer y escribir. También completaron los programas de básica y media 4,805 personas y otras 4,771 avanzan en el año lectivo 2021-2022.
Mientras, 9,773 internos se certificaron para distintos oficios y otros 3,388 están inscritos en cursos técnicos, la mayoría impartidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
En coordinación con distintas universidades, 349 personas privadas de libertad cursan licenciaturas y hasta el momento hay 10 que estudian en postgrado, como un medio para desarrollar su nuevo proyecto de vida al completar su reclusión.
En adición a estos resultados, durante 2021, el 69.34% del personal participó de programas de educación continuada, desarrollados por la Escuela Nacional Penitenciaria, que con la Ley 113-21 pasó a llamarse Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales.
Salud
Según el resumen ejecutivo de las memorias, los servicios penitenciarios de salud se multiplicaron con el proceso de vacunación, que contó con la colaboración de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudiantes de término que se integraron a la aplicación del biológico en los centros penitenciarios.
Al finalizar el año y con un proceso de unificación de los dos subsistemas (la Dirección General de Prisiones y el Modelo de Gestión Penitenciaria), las cifras revelan el éxito de las medidas restrictivas del plan de contención y prevención de contagios, que se inició en marzo de 2020 con el cierre de las visitas de familiares y abogados y permitió la continuación, por fases, de los programas educativos, culturales, deportivos y religiosos.
Con una población de 26 mil 978 personas en 44 recintos (al 10 de diciembre), el sistema penitenciario acumula 1,712 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, con 22 lamentables fallecimientos.
En la actualidad hay 26,973 privados de libertad que han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid, 24,842 tienen el plan con dos aplicaciones y 11,550 ya recibieron la dosis de refuerzo. La DGSPC destaca que, con las dos dosis, el sistema penitenciario tiene el 92% cubierto, lo cual lo coloca por encima de la media nacional que ronda el 50.4% de la población vacunada.
Además, el sistema no descuidó las consultas médicas por otras situaciones de salud. En las memorias, se registran 19,776 consultas médicas a 14,715 personas que así lo requirieron, siendo la hipertensión, la diabetes y problemas odontológicos los principales males que aquejan a la población privada de libertad.
El Medio Libre
El programa Medio Libre prepara a los privados de libertad en fase de prueba, condicional o con un tercio de la pena cumplida, para su vuelta a la vida en comunidad, con permisos laborales, de estudios o familiares, previa aprobación de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción.
Al finalizar el 2021, bajo este programa hay 60 personas privadas de libertad en el periodo de prueba que tienen empleo en la libre comunidad, 48 que cursan estudios universitarios en esta modalidad y 343 que han recibido permisos de visita al hogar de sus respectivas familias.
También a través del programa Mano a Mano con la Comunidad, los privados de libertad que califican participaron en 584 servicios comunitarios en los que aportaron su mano de obra en albañilería, pintura, ebanistería, ornato, limpieza, electricidad, plomería, entre otros, impactando positivamente en escuelas, ayuntamientos, edificios de bomberos, hospitales y ministerios en todo el país.
A inicios de 2022, el sistema penitenciario cuenta con 41 centros de corrección y rehabilitación (CCR) y tres Centros de Atención a Privados de Libertad Provisional (Caplip), con una población de 26 mil 978 internos, de los cuales 10,731 son condenados (39.8%) y 16,247 son preventivos (60.2%). De estos, el 5.6% son extranjeros (1,502 personas).
Durante 2021 el sistema penitenciario ejecutó un 97.45% de las solicitudes a audiencias recibidas, lo cual evidencia la previsión y logística para garantizar el respeto de los derechos a las personas privadas de libertad.
Los resultados de la evaluación de conducta de las personas privadas de libertad arrojan que, como producto de las distintas actividades, el 85.26% de ellos obtuvieron calificación en verde (muy buena), un 12,39% en amarillo (buena) y un 2.35% en rojo (mala).
