Con claveles en sus manos, Julio López del Campo, de 94 años, ha venido década tras década al sitio donde cree se encuentra la fosa común en la que habrían tirado el cadáver de su hermano junto con los de otras víctimas del brutal régimen de Francisco Franco.
“Lo llevaron a la cárcel de Guadalajara y en mayo de 1940 lo fusilaron”, expresó Julio en el lugar, junto a la capilla de un cementerio. “Yo venía todos los años aquí. Venía con mis claveles, muchos, y ponía unos pocos. Seguiré viniendo hasta que se me terminen todas las fuerzas”.
Han pasado más de 70 años y la fosa común de Guadalajara, una pequeña localidad al este de Madrid, finalmente fue exhumada. Se recuperaron 26 cadáveres y Julio confía en que pruebas genéticas confirmarán que allí están los restos de su hermano Mariano.
La exhumación de Guadalajara fue llevada a cabo por organizaciones de voluntarios que, junto con algunos funcionarios regionales, encabezan la campaña para recuperar los desaparecidos y ofrecerles el entierro digno que se les negó por más de medio siglo.
Hasta ahora no han contado con mucha ayuda del gobierno central y a los descendientes de las víctimas les queda cada vez menos tiempo al desaparecer la actual generación. Pero hay cierta esperanza.
La legislatura analiza un proyecto con el que la coalición oficialista de izquierda espera cumplir la promesa que le hizo a estas familias. El objetivo es dar más fuerza a una Ley de la Memoria Histórica del 2007, que según expertos y activistas no alcanzó para exhumar cientos de fosas comunes.
El proyecto enfrenta obstáculos a ambos lados del espectro político. El gobierno minoritario necesita el apoyo de partidos de izquierda pequeños, que lo consideran demasiado blando. La derecha, por su parte, dijo que votará en contra.
De ser aprobada, la ley reconocerá el “derecho a la verdad” de las familias y hará al gobierno responsable de la recuperación e identificación de los desaparecidos. Con ese fin, crea un banco nacional de ADN y una oficina para apoyar a las familias.
Igual que decenas de miles de personas, Mariano desapareció cuando regresó a su pueblo tras pelear por la Segunda República, derrotada por el alzamiento militar derechista de Franco en la Guerra Civil Española de 1936-39. Se entregó a la policía y, a pesar de que se le había prometido que no sería maltratado, nunca se lo volvió a ver. Tenía 23 años.
Desde la muerte del dictador hace cuatro décadas, solo se han recuperado 19.000 cadáveres de las 114.000 víctimas del régimen de Franco que se cree fallecieron durante y después de la guerra. El gobierno estima que probablemente solo queden unos 20.000 cadáveres que todavía pueden ser identificados.
El presidente de la asociación que llevó a cabo las exhumaciones de Guadalajara y otros sitios duda que la nueva ley haga justicia.
“Son palabras que no van a conllevar a hechos”, sostuvo Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en declaraciones a la Associated Press.
El proyecto “habla de verdad, pero se centra en hablar de las víctimas y no dice nada sobre los verdugos. Habla de justicia, pero no pretende juzgar a nadie. Habla de reparación, pero no va a indemnizar a ninguna de las familias de las víctimas de la dictadura”, agregó Silva, cuyo abuelo fue enterrado en una fosa común.
En los dos últimos años, el gobierno de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, invirtió 5 millones de euros (5,6 millones de dólares) en 300 exhumaciones de fosas comunes y separó otros 5,5 millones de euros para realizar más exhumaciones el año que viene.
Pero para Silva, la ley no pondrá fin a lo que describe como “la política clientelista” que frena los esfuerzos por recuperar los cadáveres, porque no obliga los futuros gobiernos a financiar las exhumaciones. El gobierno previo del Partido Popular, que encabeza la oposición, suspendió todos los fondos para exhumaciones del 2011 al 2018.
El PP ya ha dicho que reemplazará la nueva ley si vuelve al poder, porque, según la legisladora Macarena Montesinos, “busca destruir nuestro legado de concordia”, que posibilitó la aprobación de una nueva constitución en 1978, cuando volvió la democracia.
Uno de los puntos salientes del proyecto es la creación de una nueva Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El ministerio que vela por la Memoria Democrática dijo en un email que esa dependencia “garantizará el derecho a investigar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra y la dictadura” franquista.
Expertos, incluido el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, dicen que esta iniciativa estará maniatada si no se enmienda una amnistía de 1977, la cual hizo que se liberasen miles de presos políticos del franquismo pero también evitó que se enjuiciase a los responsables de todo delito político previo a esa fecha.
La ley fue un elemento clave de la transición hacia la democracia tras la muerte de Franco en 1975. Sigue siendo defendida por partidos de derecha y por algunos socialistas que desean preservar los cimientos de la monarquía parlamentaria española. Otros, no obstante, dicen que impide que se haga justicia con las familias de las víctimas.
Esta semana, un grupo de pequeños partidos separatistas y organizaciones regionales de izquierda presentó enmiendas a la nueva ley que anularían la amnistía y despojarían a Felipe VI del título de rey de España. Dicen que la monarquía es otro vestigio de la dictadura dado que el padre de Felipe, Juan Carlos, regresó al trono por voluntad de un Franco envejeciente.
Las enmiendas tienen pocas posibilidades de ser aprobadas, pero los socialistas y otros aliados menores de la coalición de gobierno se sintieron presionados a modificar su propio proyecto, agregando lenguaje que dice que se permitirá el enjuiciamiento de crímenes de guerra o acciones genocidas llevadas a cabo por el régimen de Franco sin reformar la Ley de Amnistía. Hay quienes dicen que eso no basta.
En las delicadas negociaciones en el parlamento se debate también el papel de la monarquía, que para muchos fue vital en el regreso de la democracia en los años 70. Franco esperaba que el retorno de Juan Carlos al trono le permitiese preservar su régimen. Sin embargo, el rey apoyó las frágiles iniciativas para restablecer la democracia tras la muerte de Franco, particularmente cuando ayudó a frenar un golpe militar en 1981.
Margalida Capellà, profesora de derecho público internacional de la Universidad de las Islas Baleares y experta en la memoria histórica, dijo que, si bien la nueva ley es un paso importante, España no logrará reconciliarse con su pasado mientras el hijo de Juan Carlos, Felipe, y el presidente del gobierno no den un importante paso simbólico.
“La reparación no va a ser absoluta hasta que el jefe del Estado (el rey) y el Jefe del Gobierno también pidan perdón”, opinó Capellà, “porque en su momento no las reconocieron como víctimas, pues había una dictadura. Pero es que después, en democracia, lo que ha costado (ese reconocimiento) y lo que les ha pasado a todas esas familias ha sido un desastre. Esto es el pecado original de la democracia española”.
