La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, fijó para este domingo a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra los 13 implicados en la Operación Coral G5.
El Ministerio Público depositó la noche de este viernes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional cinco contenedores con los expedientes acusatorios contra 13 imputados en la Operación Coral 5G, para los cuales solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y la declaración del caso complejo.
Los abogados de los acusados en el caso asistieron la mañana de este sábado a buscar la solicitud de medida de coerción depositada por la Procuraduría General de la República para enterarse formalmente de las imputaciones.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encabezó la numerosa comitiva del Ministerio Público que llegó a la dependencia judicial pasadas las 9:00 de la noche.
“El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucede”, explicó la fiscal, al conversar con la prensa a su salida.
Sostuvo que esta solicitud de medida de coerción cuenta con más de seiscientas (600) páginas y setecientos (700) medios de pruebas documentales que han sido depositados.
Entre las evidencias, el Ministerio Público menciona documentos bancarios, títulos de propiedad, bienes inmuebles decomisados y una serie de elementos probatorios.
La supuesta red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.
A la red, integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le ocupó hasta el momento 125 propiedades.
En documentos sobre la investigación, se identifica a 13 del grupo. Aunque las autoridades han advertido que la lista podrían ampliarse aún más, según vayan avanzando las indagatorias.
Entramado en Cestur
Los miembros de las fuerzas castrenses y policiales investigados en esta etapa del caso Coral son el general Juan Carlos Torres Robiou, FARD, a quien en la estructura identificaban como “Dl”. Este fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en el periodo 2014-2021.
Otro de los investigados es el coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante), su es apodo por haber sido apoyo del director y encargado de raciones del Cestur.
