El gobierno dominicano rechazó este lunes las elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua, dónde el actual presidente de ese país , Daniel Ortega, fue reelecto este domingo, en medio de un cuestionado proceso electoral que no contó con el aval de buena parte de la comunidad internacional.
Republica Dominicana, calificó el proceso como un “Simulacro electoral”.
De igual forma el gobierno dominicano, expresó que el proceso electoral careció de las garantías mínimas necesarias para calificarlo como justo, libre y competitivo; ya que se vio marcado por las detenciones de numerosos e importantes líderes de la oposición y de movimientos sociales nicaragüenses, el quebrantamiento de la institucionalidad, así como restricciones injustificadas contra los medios de comunicación y la sociedad civil.
“Conforme al artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, la democracia es un derecho consagrado de los pueblos americanos y una obligación de todos los Estados promoverla y defenderla. Como reza su artículo 5: “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia”.
“El gobierno dominicano no puede callar ante situaciones que atenten contra los pilares básicos de la democracia, cuya razón de ser es precisamente asegurar que las luchas políticas se den en el marco del respeto al Estado de derecho y las garantías necesarias para la vigencia de las libertades fundamentales”, expresa el comunicado.
De igual forma instó al gobierno nicaragüense a poner en libertad a los presos políticos y a tomar las acciones apropiadas para el retorno al sendero de la democracia. Hacemos un llamado a las autoridades a colocar en primer lugar el interés de Nicaragua y trabajar para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Explica que los países del continente deben adoptar, en el marco de las normas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), todas las acciones necesarias para proteger la democracia nicaragüense, generando un espacio de diálogo político que permita el retorno a la constitucionalidad democrática.
