El presidente del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, sostuvo este viernes que desaprueba enérgicamente la decisión del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, contenida en la Resolución 00048 sobre la exigencia de tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para acceder a lugares de uso público y al transporte.
En una comunicación enviada por el dirigente político a los diferentes medio, afirmó que en su calidad de ciudadano dominicano, vivamente preocupado por las diversas y complejas situaciones de crisis que impactan a la República Dominicana, se siente en el deber de expresar con toda responsabilidad y claridad su opinión referente a este y otros tema que afectan al país.
Dijo que desde la entidad que dirige, entienden esta decisión contraviene flagrantemente la Constitución y que afecta de modo severo, en forma injustificada e irrazonable, derechos y libertades fundamentales del pueblo dominicano, dando un giro radical a la política inicial del gobierno, que expresamente enfatizó que los procesos de vacunación tendrían carácter voluntario.
“Especialmente, nos preocupa que esa sorprendente decisión pretende forzar la vacunación de niños y adolescentes a partir de 12 años de edad, implicando altos riesgos para ese grupo etario, razón por la cual no se ha iniciado en la mayoría de los países del mundo”, expresa en el documento.
En otro sentido, Castillo llamó al gobierno a replantearse el importante tema de la necesaria reforma de la Policía Nacional, siendo receptivo a las sugerencias de actores con experiencias y conocimientos, que entienden que la seguridad ciudadana es un asunto de todos.
Expresó que es necesario puntualizar, además, que la reforma policial, en ningún caso debe estar desvinculada de una estrategia integral de seguridad nacional y ciudadana, para que rinda los resultados que se esperan de la misma.
“Sobre este particular, muy especialmente, nos permitimos llamar la atención sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales asuman un enfoque realista, que permita a los ciudadanos respetuosos de las leyes y el orden público, contar con acceso, sin restricciones innecesarias o costosas, al ejercicio responsable, legal y entrenado del porte y tenencia de armas letales y no letales, para fines de su legítima defensa personal, familiar y patrimonial, contra los ataques de la criminalidad común y organizada”, explicó.
Pelegrín Castillo se refirió a otros puntos en los que considera el Gobierno ha flaqueado
