El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, aseguró que hay una campaña que tiene la intensión de restar méritos al proceso de consultas y aprobación de la Constitución del año 2010 y contra los textos esenciales de la misma.
A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el dirigente político, miembro del partido Fuerza del Pueblo, argumentó que dicha campaña se acrecenta en la medida en que sectores sensatos se oponen a una nueva reforma.
“El propósito es debilitar el Tribunal Constitucional, politizarlo, entre otros”, expresó en su mensaje.
En ese mismo sentido, explicó que los puntos que subyacen, en eventual y anunciada reforma al Art.209 y otros ejemplos.
“Guarden este tuit. En todo caso necesitarían el referendo”, dijo Rosario Márquez en un segundo mensaje.
Cabe destacar que algunas personalidades han afirmado que la reforma constitucional de 2010 “no fue obra de consenso, sino del acuerdo de dos tendencias que en ese momento eran hegemónicas”.
Sobre la Constitución de 2010
El 26 de enero del 2010 nuestro país dio un giro copernicano en el sistema constitucional, como aquel giro de la teoría heliocéntrica del siglo XVI: entro en vigor la Constitución más consensuada que ha tenido la República desde la Constitución de San Cristóbal del 1844.
Esta Constitución ha dado origen a una verdadera cultura constitucional, tal y como han referido algunos juristas dominicanos.
Nuestra Constitución desde el 1844 ha tenido 39 reformas, sin embargo, algunos han plateado (como Jorge García) que “solo se han producido revisiones al texto original y no una ruptura con los principios fundamentales de la Constitución de 1844”.
El Dr. Milton Ray afirma que la Constitución del 2010, junto con la del 1963, son las únicas que se han apartado del esquema original de la Constitución del 1844.
Me atrevería a decir que la gran mayoría de estas reformas tuvieron sus orígenes en crisis políticas del momento o en circunstancias particulares, pero, muy por el contrario, la actual Constitución surge en momento de estabilidad política, sin sobresaltos, en el interés de realizar una reforma Constitucional más holística, que responda a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas del país, que se enmarque en un nuevo constitucionalismo, caracterizado, de manera especial, por la supremacía de la Constitución sobre la ley y el control de constitucionalidad.
