Pancho Álvarez considera legisladores en procesos judiciales no pueden renunciar a inmunidad parlamentaria

Pancho Álvarez considera legisladores en procesos judiciales no pueden renunciar a inmunidad parlamentaria

El abogado Francisco “Pancho” Álvarez consideró este lunes que los legisladores que se encuentren enfrentando procesos judiciales, no pueden renunciar a su inmunidad parlamentaria, alegando que la misma es una garantía que tiene el poder legislativo, de la cámara a la que pertenezca el mismo.

“En mi opinión personal y profesional es que efectivamente no pueden renunciar, porque es una garantía del poder legislativo que está en manos de la cámara a la que pertenezca ese legislador”, dijo Álvarez, al ser entrevistado en el programa El Día, que se transmite de lunes a viernes por Telesistema canal once.

Explicó que casi todos los legisladores que se han visto en una situación de narcotráfico, lavado de activos, corrupción o de esa naturaleza, siempre dicen estar dispuestos a renunciar, pero todavía ninguno lo ha hecho.

Agregó que es importante destacar que ha habido resistencia de los partidos políticos, los que entiende son los responsables de investigar la procedencia de los fondos que utilizan sus candidatos para sus campanas, en las contiendas electorales.

Destacó que los partidos deben ser declarados sujetos obligados en virtud de la ley de lavado de activos, lo que significa que estos pueden ser investigados de manera profunda sobre el origen de sus ingresos.

Con relación a la Ley de extinción de dominio, el jurista explicó que esta es una herramienta jurídica que existe en numerosos países y básicamente consiste en la posibilidad de que el Estado, a través de diversos mecanismos, pueda incautar o decomisar bienes que en principio son adquiridos producto de infracciones.

“La Ley de extinción de dominio es un arma poderosa contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada y contra cualquier infractor a la ley”, acotó.

Cabe destacar que la discusión sobre la Ley de Extinción de Dominio en nuestro país sobrepasa la temática legal y debe ser asumida también en su dimensión sociológica para contemplar las condiciones reales de los operadores jurídicos para administrar poderes tan amplios que pudieran ser cauce de injusticias y restricciones ilegítimas.